El Consejo de Ministros decidirá hoy qué pasos seguirá el Gobierno Central ante la interrupción del diálogo con los dirigentes nativos, agrupados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quienes desde hace ocho días acatan un paro en diversas localidades de la Amazonía. Tras la ruptura de las negociaciones el último viernes, en San Lorenzo, provincia de Datem del Marañón, tanto el Ejecutivo como los líderes indígenas evalúan las tácticas y estrategias que seguirán en los próximos días.
Ayer, a su llegada a Lima, Juan Manuel Figueroa, de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó que los acuerdos que adopte hoy el Consejo de Ministros no cambiarán en esencia la posición del Gobierno: reanudar el diálogo cuanto antes. Por ello, descartó que se declare el estado de emergencia en las zonas donde se acata el paro. "Queremos dar a los dirigentes nativos el ambiente adecuado para poder retomar el diálogo", comentó Figueroa.
Fuentes de la PCM descartaron que hoy se evalúe relevar al ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, de las negociaciones con los nativos. "Sería como un insulto al ministro Brack y restarle autoridad al papel que ha desempeñado en las conversaciones en San Lorenzo", comentó un funcionario de la PCM.
Aidesep emitió ayer un comunicado de prensa en el que se señala que el diálogo se suspendió porque la comisión presidida por Brack no tenía capacidad de decisión sobre los puntos de su pliego. Por ello, solicitan "que el Gobierno acredite otra comisión con capacidad de decisión que pueda resolver nuestro pliego. Por consiguiente, no hemos roto el diálogo sino que lo hemos suspendido (...)".
Mientras las negociaciones se restablezcan, proseguirán con su medida de fuerza, señala el comunicado de prensa, el cual precisa que esta se adopta por "decisión propia de nuestras organizaciones en pie de lucha () y se multiplicará la presencia indígena en nuestros frente de lucha". Esos frentes congregan las estaciones Cuatro, Cinco y Seis de Petro-Perú, la central hidroeléctrica El Muyo, el acceso a campamentos de Camisea, los ríos con dirección hacia operaciones de Pluspetrol y el puente Corral Quemado, ubicado a la altura del kilómetro 196 de la carretera Fernando Belaunde, principalmente.
La noche del viernes, cuando el diálogo ya había sido interrumpido, algunos dirigentes nativos que habían arribado a San Lorenzo intentaban comunicarse con sus bases, afincadas en los puntos antes mencionados, para hacerles llegar la orden de no abandonar sus ubicaciones.
Ayer, a su llegada a Lima, Juan Manuel Figueroa, de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó que los acuerdos que adopte hoy el Consejo de Ministros no cambiarán en esencia la posición del Gobierno: reanudar el diálogo cuanto antes. Por ello, descartó que se declare el estado de emergencia en las zonas donde se acata el paro. "Queremos dar a los dirigentes nativos el ambiente adecuado para poder retomar el diálogo", comentó Figueroa.
Fuentes de la PCM descartaron que hoy se evalúe relevar al ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, de las negociaciones con los nativos. "Sería como un insulto al ministro Brack y restarle autoridad al papel que ha desempeñado en las conversaciones en San Lorenzo", comentó un funcionario de la PCM.
Aidesep emitió ayer un comunicado de prensa en el que se señala que el diálogo se suspendió porque la comisión presidida por Brack no tenía capacidad de decisión sobre los puntos de su pliego. Por ello, solicitan "que el Gobierno acredite otra comisión con capacidad de decisión que pueda resolver nuestro pliego. Por consiguiente, no hemos roto el diálogo sino que lo hemos suspendido (...)".
Mientras las negociaciones se restablezcan, proseguirán con su medida de fuerza, señala el comunicado de prensa, el cual precisa que esta se adopta por "decisión propia de nuestras organizaciones en pie de lucha () y se multiplicará la presencia indígena en nuestros frente de lucha". Esos frentes congregan las estaciones Cuatro, Cinco y Seis de Petro-Perú, la central hidroeléctrica El Muyo, el acceso a campamentos de Camisea, los ríos con dirección hacia operaciones de Pluspetrol y el puente Corral Quemado, ubicado a la altura del kilómetro 196 de la carretera Fernando Belaunde, principalmente.
La noche del viernes, cuando el diálogo ya había sido interrumpido, algunos dirigentes nativos que habían arribado a San Lorenzo intentaban comunicarse con sus bases, afincadas en los puntos antes mencionados, para hacerles llegar la orden de no abandonar sus ubicaciones.
PRIMEROS ACUERDOS
A las 3:00 p.m. del viernes 15, una hora antes del cese del diálogo entre el Gobierno y los nativos, se había llegado a acuerdos importantes.
Según el acta elaborada por el Gobierno, a la que este Diario tuvo acceso, frente al pedido de los nativos de derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 se acordó que "el Poder Ejecutivo no los reglamentará ni aplicará hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto".
Sobre la petición de modificar los decretos legislativos 994, 1020, 1064, 1089, 1081 y 1090, se decidió "constituir un grupo de trabajo facilitado por el Indepa y liderado por el Ministerio de Agricultura, con participación de las organizaciones indígenas amazónicas representativas, el Cofopri y la PCM, lo antes posible () para recibir sus propuestas sobre modificatorias, precisiones o derogatorias de artículos específicos relacionados con comunidades nativas amazónicas, a fin de que el Poder Ejecutivo las tramite ante el Congreso".
También se había acordado que las "organizaciones indígenas amazónicas presentaran sus iniciativas ante el Congreso de la República para la reforma del artículo 89 de la Constitución Política de 1993". Los nativos demandan retornar al artículo 89 de la constitución de 1979. Asimismo, el Poder Ejecutivo asumía el compromiso de que todas sus instituciones respetarán y cumplirán lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El último punto acordado era que "el Indepa, en coordinación con las organizaciones indígenas amazónicas, buscará y promoverá, con la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los procedimientos adecuados para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con el artículo 42 de la misma declaración".
Quizás estos primeros acuerdos logren agilizar las negociaciones entre ambas partes cuando el diálogo se retome. Sin embargo, el Gobierno deberá salvar antes la exigencia hecha ayer por Aidesep en torno a la designación del primer ministro Jorge del Castillo como interlocutor del Ejecutivo.
Según el acta elaborada por el Gobierno, a la que este Diario tuvo acceso, frente al pedido de los nativos de derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 se acordó que "el Poder Ejecutivo no los reglamentará ni aplicará hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto".
Sobre la petición de modificar los decretos legislativos 994, 1020, 1064, 1089, 1081 y 1090, se decidió "constituir un grupo de trabajo facilitado por el Indepa y liderado por el Ministerio de Agricultura, con participación de las organizaciones indígenas amazónicas representativas, el Cofopri y la PCM, lo antes posible () para recibir sus propuestas sobre modificatorias, precisiones o derogatorias de artículos específicos relacionados con comunidades nativas amazónicas, a fin de que el Poder Ejecutivo las tramite ante el Congreso".
También se había acordado que las "organizaciones indígenas amazónicas presentaran sus iniciativas ante el Congreso de la República para la reforma del artículo 89 de la Constitución Política de 1993". Los nativos demandan retornar al artículo 89 de la constitución de 1979. Asimismo, el Poder Ejecutivo asumía el compromiso de que todas sus instituciones respetarán y cumplirán lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El último punto acordado era que "el Indepa, en coordinación con las organizaciones indígenas amazónicas, buscará y promoverá, con la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los procedimientos adecuados para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con el artículo 42 de la misma declaración".
Quizás estos primeros acuerdos logren agilizar las negociaciones entre ambas partes cuando el diálogo se retome. Sin embargo, el Gobierno deberá salvar antes la exigencia hecha ayer por Aidesep en torno a la designación del primer ministro Jorge del Castillo como interlocutor del Ejecutivo.
CLAVES
A. Además de la presencia de Del Castillo, Aidesep exige que la comisión del Gobierno esté integrada por los ministros de Agricultura, Educación, Energía y Minas, Justicia, Salud y la Defensoría del Pueblo.
B. También se demanda la participación de Javier Velásquez, presidente del Congreso, y de todos los congresistas de la Amazonía.
C. Los dirigentes nativos y los apus de las comunidades permanecen en San Lorenzo a la espera de la reanudación del diálogo.
D. Alberto Pizango, presidente de Aidesep, retornaría a Lima para tomar contacto con el Gobierno.
B. También se demanda la participación de Javier Velásquez, presidente del Congreso, y de todos los congresistas de la Amazonía.
C. Los dirigentes nativos y los apus de las comunidades permanecen en San Lorenzo a la espera de la reanudación del diálogo.
D. Alberto Pizango, presidente de Aidesep, retornaría a Lima para tomar contacto con el Gobierno.
El Comercio, 17/08/2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario