“Debe mejorarse la legislación ambiental"

El ecologista y ex presidente de la comisión encargada del proyecto para la elaboración del Ministerio del Ambiente, Antonio Brack, sostuvo que es necesario que los organismos del Estado actúen de una forma rápida en la solución de los conflictos, pues debido a su lentitud muchos de estos problemas son detectados cuando ya no hay nada que hacer para detenerlos.

Estas declaraciones las hizo luego que la Defensoria del Pueblo publicara un informe en el que da cuenta que el 48 por ciento de los conflictos sociales registrados durante marzo responde a enfrentamientos de carácter medioambiental, entre comunidades campesinas y empresas extractoras de recursos naturales.

Para el especialista, la solución del problema radica en la creación de una oficina de coordinación regional y de prevención de conflictos socioambientales que tenga como función coordinar con la regiones todo lo que es la prevención y solución a los problemas ambientales.

En ese sentido, manifestó que la principal tarea del gobierno y del Ministerio del Ambiente será introducir la cultura de la concertación y de la información para que la población tenga conocimiento de las concesiones que se pretenden realizar y así evitar conflictos posteriores.

“Las personas deben conocer lo que se pretende hacer. Cuando se da una concesión no sólo hay un derecho de un contrato firmado entre el Estado y una empresa sino también derechos de la gente local que están fijados en el Convenio OIT-168. Y esos derechos son a la concertación, a la información, a la participación en las decisiones que les van a afectar y para participar de las riquezas que se generan”, agregó al tiempo de subrayar que la tarea también deberá orientarse a mejorar la legislación ambiental.

El informe de la Defensoria del Pueblo da cuenta que al mes de marzo se han detectado 93 conflictos sociales, de distinta intensidad, de los cuales 36 se encuentran activos (41%) y 52 en estado latente (59%). Asimismo se registraron 16 casos de movilizaciones de protesta y una acción de violencia subversiva.

Es necesario resaltar que el 48% de los conflictos reportados corresponde a asuntos socioambientales. Precisamente en el curso de este mes se registraron dos nuevos casos en Áncash y Tacna. El primero se refiere a un conflicto por delimitación territorial entre comunidades (Huancavelica), y el último es un caso registrado, en el ámbito nacional, concerniente a las protestas sociales organizadas por organizaciones amazónicas en rechazo de la Ley 28852, la llamada “Ley de la Selva”.

Respecto de la situación socioeconómica de las zonas de conflicto, en el reporte correspondiente al mes de marzo se señala que 75 conflictos (81%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive debajo de la línea de la pobreza, mientras que el 61% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (57 casos).

Expreso, 11/04/2008