Desde hace años había reclamos y propuestas de diversas instituciones públicas y privadas, que demandaban la creación de una alta autoridad ambiental para que encare esos problemas. Todas esas propuestas lamentaban que no hubiera esa autoridad y que las funciones ambientales estuvieran dispersas en multitud de ministerios u organismos.
Dichos pronunciamientos señalaban el caso del sector Energía y Minas, que tiene su propia dirección de asuntos ambientales pero a la vez se encarga de promover la inversión. Un caso de conflicto de intereses muy claro, pues: ¿Cómo se puede promover contratos con empresas y a la vez fiscalizarlas imparcialmente? La pobre fiscalización ambiental de este sector, precisamente, es la causa de tanto conflicto social que hay alrededor de mineras y petroleras.
Pese a la larga insistencia de este reclamo, el actual gobierno recién dio pasos concretos a raíz de la negociación del TLC con los EE UU y por las presiones de los congresistas norteamericanos. Formó una comisión del Ejecutivo para que presentara una propuesta de nuevo ministerio. Hubiera sido una señal de respeto al Congreso y a la ley que el gobierno le presentara esa propuesta. Al Congreso le corresponde aprobar las leyes de creación de ministerios. Recibida esa propuesta, el Congreso la hubiera consolidado con otros proyectos que ya había sobre el mismo tema.Sin embargo, don Alan García prefirió aprovechar las circunstancias de la Cumbre ALC-UE para precipitar la creación del Ministerio del Ambiente a través de un decreto legislativo, el 1013. No le importó proceder de manera ilegal, forzando las facultades legislativas que le dio el Congreso, con tal de ganarse el crédito mediático durante la Cumbre.
El Congreso tendría que defender sus atribuciones y hacerse respetar. El primero en hacerlo debería ser el presidente del Congreso. Lamentablemente prefirió avalar la ilegalidad del proceder del Ejecutivo, acompañando la promulgación del decreto. Los congresistas tendríamos, por lo menos, que enmendar esa actuación por dos razones de peso.
Primero, para hacer valer los fueros del Congreso, pues con el pretexto de la urgencia de las leyes, hace décadas, desde 1980, que se abusa de los decretos legislativos para traer a menos la función legislativa del Congreso y disminuir su imagen ante el país. Así es como, pasando sobre las instituciones, se van construyendo los liderazgos personalistas que después se trasforman en autoritarios.
Segundo, porque el Decreto Legislativo N° 1013 configura un ministerio, que no cambia significativamente la situación de dispersión y de debilidad fiscalizadora de las funciones ambientales en el país. Se le han dado solo algunas funciones importantes, pero, para poner un solo ejemplo, varios ministerios, como el de Energía y Minas, seguirán aprobando los estudios de impacto ambiental y reteniendo otras funciones ambientales.
Además, diversos especialistas e instituciones ambientalistas han señalado otras deficiencias importantes al mencionado decreto. Lo cual muestra que el personalismo por ganar primeras planas, con frecuencia improvisa y falla. Por eso, mientras el nuevo ministro busca oficina y personal, el Congreso tiene tiempo de sobra para por lo menos modificar la norma y ayudarlo a que tenga más autoridad.
Expreso, mayo 2008
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