La promulgación del Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 1990; la creación del Consejo Nacional del Ambiente (Conam), en 1994, como autoridad nacional y la Ley General del Ambiente (Ley 28611), si bien representaron avances, no tuvieron los resultados esperados por falta de una voluntad política de apoyar la gestión ambiental en el país.
Darle un rango ministerial a la gestión ambiental es un gran avance. La suscripción del TLC con EE.UU. y con otros países condiciona contar con actividades productivas sostenibles y con un marco ambiental estable para la inversión que, en las actuales circunstancias y con las instituciones sin capacidad ejecutiva, son difíciles de cumplir.
La armonización de las políticas sectoriales será una tarea inicial del flamante ministerio frente a la actual dispersión de criterios, funciones y competencias en materia ambiental, con instituciones realizando actividades redundantes y con estándares ambientales sectoriales diferentes, que generan espacios para justificar el incumplimiento de normas.
Se debe buscar la implementación de medidas efectivas, de instrumentos económicos y de estándares ambientales que impulsen la reconversión energética a gas natural, tanto en el sector residencial, comercial, industrial como en el sector transporte; el establecimiento de programas de descontaminación y remediación ambiental en zonas degradadas; la difusión de estrategias sectoriales para prevenir la contaminación; facilitar mecanismos para la adopción de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001) ante un mercado global sensible a la protección ambiental; lograr que los estudios de impacto ambiental armonicen los intereses empresariales con los intereses locales, evitando conflictos sociales; la adopción de políticas para proteger y patentar nuestra biodiversidad, evitando la biopiratería y logrando su aprovechamiento sostenible con valor agregado y con beneficio económico a la región y a las comunidades autóctonas.
El ministerio del ambiente podría contar con dos viceministerios: el de gestión ambiental y el de recursos naturales. Al primero se incorporarían las actuales direcciones ambientales sectoriales de los ministerios y algunos organismos públicos como el Conam, Fonam y Digesa. Al segundo viceministerio se podrían incorporar el Inrena, Senasa, Pronamachcs, Conacs y Senamhi.
El ministerio podría contar con una dirección de educación ambiental --reconociendo que se requiere la sensibilización y capacitación ambiental en la población y las empresas--, dirección de normas y estándares ambientales, dirección de biodiversidad, dirección de fiscalización ambiental y dirección de salud ambiental, entre otras.
El cambio climático estaría en la agenda del ministerio, por los problemas que presenta y por las oportunidades para atraer la inversión internacional en proyectos sostenibles que impliquen reducción de emisiones de CO2, con el otorgamiento de bonos carbono, lo que contribuiría a la rentabilidad de los proyectos.
La implementación de tratados comerciales genera compromisos, entre ellos el cumplimiento de estándares ambientales como exigencia para acceder al mercado, lo que evitará la aplicación de barreras paraarancelarias a la producción nacional exportable por productos y envases contaminantes.
La pobreza y la contaminación ambiental van de la mano, y se podrían mitigar con la aplicación de fondos verdes disponibles en la banca y en los organismos multilaterales para financiar proyectos sostenibles, los que tendrán ahora el respaldo en el Poder Ejecutivo. Asimismo, proyectos de inversión en saneamiento ambiental, recuperación ambiental y reforestación controlada, podrían ser aplicados a mecanismos de canje de deuda pública por naturaleza.
Darle un rango ministerial a la gestión ambiental es un gran avance. La suscripción del TLC con EE.UU. y con otros países condiciona contar con actividades productivas sostenibles y con un marco ambiental estable para la inversión que, en las actuales circunstancias y con las instituciones sin capacidad ejecutiva, son difíciles de cumplir.
La armonización de las políticas sectoriales será una tarea inicial del flamante ministerio frente a la actual dispersión de criterios, funciones y competencias en materia ambiental, con instituciones realizando actividades redundantes y con estándares ambientales sectoriales diferentes, que generan espacios para justificar el incumplimiento de normas.
Se debe buscar la implementación de medidas efectivas, de instrumentos económicos y de estándares ambientales que impulsen la reconversión energética a gas natural, tanto en el sector residencial, comercial, industrial como en el sector transporte; el establecimiento de programas de descontaminación y remediación ambiental en zonas degradadas; la difusión de estrategias sectoriales para prevenir la contaminación; facilitar mecanismos para la adopción de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001) ante un mercado global sensible a la protección ambiental; lograr que los estudios de impacto ambiental armonicen los intereses empresariales con los intereses locales, evitando conflictos sociales; la adopción de políticas para proteger y patentar nuestra biodiversidad, evitando la biopiratería y logrando su aprovechamiento sostenible con valor agregado y con beneficio económico a la región y a las comunidades autóctonas.
El ministerio del ambiente podría contar con dos viceministerios: el de gestión ambiental y el de recursos naturales. Al primero se incorporarían las actuales direcciones ambientales sectoriales de los ministerios y algunos organismos públicos como el Conam, Fonam y Digesa. Al segundo viceministerio se podrían incorporar el Inrena, Senasa, Pronamachcs, Conacs y Senamhi.
El ministerio podría contar con una dirección de educación ambiental --reconociendo que se requiere la sensibilización y capacitación ambiental en la población y las empresas--, dirección de normas y estándares ambientales, dirección de biodiversidad, dirección de fiscalización ambiental y dirección de salud ambiental, entre otras.
El cambio climático estaría en la agenda del ministerio, por los problemas que presenta y por las oportunidades para atraer la inversión internacional en proyectos sostenibles que impliquen reducción de emisiones de CO2, con el otorgamiento de bonos carbono, lo que contribuiría a la rentabilidad de los proyectos.
La implementación de tratados comerciales genera compromisos, entre ellos el cumplimiento de estándares ambientales como exigencia para acceder al mercado, lo que evitará la aplicación de barreras paraarancelarias a la producción nacional exportable por productos y envases contaminantes.
La pobreza y la contaminación ambiental van de la mano, y se podrían mitigar con la aplicación de fondos verdes disponibles en la banca y en los organismos multilaterales para financiar proyectos sostenibles, los que tendrán ahora el respaldo en el Poder Ejecutivo. Asimismo, proyectos de inversión en saneamiento ambiental, recuperación ambiental y reforestación controlada, podrían ser aplicados a mecanismos de canje de deuda pública por naturaleza.
El Comercio, 05/02/2008
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