¿Cómo debe ser el ministerio del medio ambiente? Fue la pregunta que se planteó en la mesa redonda organizada por El Comercio el último jueves. De esta manera, este Diario busca contribuir a un nacimiento transparente a los ojos de la opinión pública. "Si queremos que el Perú progrese, el tema ambientalista tiene que ser escuchado y comunicado", comentó nuestro director en funciones Bernardo Roca Rey.
"No queremos interferir con el trabajo que está haciendo el Gobierno, sino dar un aporte más", mencionó a su turno Juan Paredes Castro, editor central de Opinión y Política, quien moderó la intervención de los participantes.
SÍ DEBE ABARCAR LA MINERÍA
El primer ministro, Jorge Del Castillo, precisó que las principales motivaciones del Gobierno para crear este portafolio son la necesidad de darle voz y voto a una autoridad en el tema ambiental y superar la dispersión de responsabilidades en el tema. También aclaró que "no es concebible que el sector (minero) no esté inmerso (en el ministerio)". En ese sentido, remarcó que la explotación de recursos naturales tiene que traer beneficios para la población y que el medio ambiente y la inversión no tienen que estar contrapuestos sino que se debe buscar "un justo equilibrio". "La regulación ambiental no puede paralizar la inversión (...) tiene que ser un aliado". Conseguir ese consenso sería una de las principales tareas.
HAY QUE INVERTIR
El ecólogo Antonio Brack dirige el grupo de trabajo encargado de elaborar un diagnóstico ambiental del país y un proyecto de ley técnico para sustentar la creación de este ministerio. Adelantó que el Perú pierde el equivalente al 3,9% de su PBI por falta de inversión en gestión ambiental, la cual apenas llega al 0,01%, situación que puede revertirse con una inyección de 200 millones de soles al año. Para él, la otra tarea del ministerio debe ser atraer ayuda económica internacional.
DIRIGIR Y FISCALIZAR
El debate reveló otro detalle por resolver: ¿Quién dirigirá el alumbramiento de la criatura? Para el primer ministro, esa es competencia del Ejecutivo desde que el Congreso le otorgó facultades legislativas para implementar el TLC (el acuerdo incluye el tema ambiental). En cambio, la congresista Fabiola Morales consideró que el proyecto debe pasar por el Parlamento.
Asimismo, que no se convierta en un ente todopoderoso, pero sí que asuma la dirección y fiscalización de la política ambiental --sin dejar de contar con las unidades ambientales existentes en los gobiernos regionales y otros ministerios-- fueron las principales tareas planteadas por los participantes.
En cuanto a lo primero, para Vito Verna, de la Defensoría del Pueblo, se puede tomar el modelo del Osinergmin, que está funcionando bien y su tarea puede trasladarse gradualmente. Con esta idea discreparon la experta en temas ambientales Patricia Iturregui y el presidente ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Manuel Pulgar Vidal, para quienes un regulador debe más bien garantizar la competencia y ver el tema de las tarifas.
También hubo coincidencia en la necesidad de contar con un procurador que persiga el delito ambiental, lo que recordó que está pendiente la modificación del Código Penal para endurecer las sanciones a los delitos forestales. Así lo estipula el TLC con EE.UU.
Asimismo, que no se convierta en un ente todopoderoso, pero sí que asuma la dirección y fiscalización de la política ambiental --sin dejar de contar con las unidades ambientales existentes en los gobiernos regionales y otros ministerios-- fueron las principales tareas planteadas por los participantes.
En cuanto a lo primero, para Vito Verna, de la Defensoría del Pueblo, se puede tomar el modelo del Osinergmin, que está funcionando bien y su tarea puede trasladarse gradualmente. Con esta idea discreparon la experta en temas ambientales Patricia Iturregui y el presidente ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Manuel Pulgar Vidal, para quienes un regulador debe más bien garantizar la competencia y ver el tema de las tarifas.
También hubo coincidencia en la necesidad de contar con un procurador que persiga el delito ambiental, lo que recordó que está pendiente la modificación del Código Penal para endurecer las sanciones a los delitos forestales. Así lo estipula el TLC con EE.UU.
El Comercio, 09/02/2008
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