Aunque con cierta demora, es positivo que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) haya cumplido con instalar la prometida comisión encargada de hacer un diagnóstico, plantear políticas y avanzar un proyecto que defina la creación de un ministerio del medio ambiente.
Se trata de un grupo multisectorial, en el que están representados los principales organismos con injerencia en el tema. De esta manera, tal vez se garantice que la preservación del medio ambiente responda en el futuro a una sola política, objetiva, coordinada e inclusiva, y no quede librada a los caprichos o vaivenes políticos, presiones empresariales o prejuicios ambientalistas.
Sin embargo, es claro que un ministerio no resolverá de la noche a la mañana el enorme descuido en que se halla este gravitante sector. Como apuntamos previamente aquí, el Estado requiere también de un organismo regulador sólido e imparcial, respetable y respetado, que intervenga para dar directivas y solucionar conflictos ambientales con autoridad y legitimidad.
La regulación existe en muchos sectores públicos y en algunos casos incluso con rango constitucional. ¿Por qué la preservación del ambiente no puede gozar de esas mismas prerrogativas, más aun ante el cúmulo de conflictos graves que suscita? De lo que se trata es de atender las urgencias de manera planificada, técnica y con autoridad pensando en las futuras generaciones que también merecen gozar de aire limpio y recursos naturales hoy en peligro.
Ahora que el Inrena acaba de renovar a sus autoridades, haría bien el Gobierno en impulsar la idea del organismo regulador que subsuma a los que hoy existen para unificar las normas y mejorar los estándares de calidad y responsabilidad de importantes actividades productivas como la minería y la actividad forestal.
Bien por el ministerio del medio ambiente. Pero recordemos que los ministerios no se contraponen a los reguladores. Más bien se complementan para garantizar políticas públicas efectivas.
Se trata de un grupo multisectorial, en el que están representados los principales organismos con injerencia en el tema. De esta manera, tal vez se garantice que la preservación del medio ambiente responda en el futuro a una sola política, objetiva, coordinada e inclusiva, y no quede librada a los caprichos o vaivenes políticos, presiones empresariales o prejuicios ambientalistas.
Sin embargo, es claro que un ministerio no resolverá de la noche a la mañana el enorme descuido en que se halla este gravitante sector. Como apuntamos previamente aquí, el Estado requiere también de un organismo regulador sólido e imparcial, respetable y respetado, que intervenga para dar directivas y solucionar conflictos ambientales con autoridad y legitimidad.
La regulación existe en muchos sectores públicos y en algunos casos incluso con rango constitucional. ¿Por qué la preservación del ambiente no puede gozar de esas mismas prerrogativas, más aun ante el cúmulo de conflictos graves que suscita? De lo que se trata es de atender las urgencias de manera planificada, técnica y con autoridad pensando en las futuras generaciones que también merecen gozar de aire limpio y recursos naturales hoy en peligro.
Ahora que el Inrena acaba de renovar a sus autoridades, haría bien el Gobierno en impulsar la idea del organismo regulador que subsuma a los que hoy existen para unificar las normas y mejorar los estándares de calidad y responsabilidad de importantes actividades productivas como la minería y la actividad forestal.
Bien por el ministerio del medio ambiente. Pero recordemos que los ministerios no se contraponen a los reguladores. Más bien se complementan para garantizar políticas públicas efectivas.
El Comercio, 01/02/2008
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