La sospecha de que la decisión del Ejecutivo de proceder a la creación de un Ministerio del Medio Ambiente no se debió a voluntad propia de poner fin al clamoroso déficit que en la materia registra nuestro país sino a presiones externas formuladas por los congresistas del Partido Demócrata, como condición para que el TLC con EEUU fuera ratificado, se ve confirmada por lo ocurrido con 34 normas ambientales que el gobierno se comprometió a aprobar y que siguen encarpetadas.
La denuncia la ha hecho el abogado Iván Lanegra en un libro de su autoría titulado El (ausente) Estado ambiental, y la historia es la siguiente: el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) estableció mediante decreto supremo del 8/11/06 –es decir, ya estando en funciones el presente gobierno– un cronograma para la aplicación progresiva de un conjunto de normas referidas a Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP).
No se crea que se trata de exigencias caprichosas, pues todas estas normas se encuentran en vigencia a nivel internacional y países vecinos como Chile y Ecuador las han incorporado hace buen tiempo a su legislación. El DS mencionado daba un plazo holgado al gobierno para ponerlas en vigencia, entre otras cosas debido a que correspondía al CONAM realizar tareas de coordinación con los sectores involucrados y con la sociedad civil, un terreno en el que se avanzó a buen paso.
Pero la última palabra la tenía la Presidencia del Consejo de Ministros, y ahí es donde se atascaron las normas, al extremo que a diciembre de 2007 no había una sola aprobada, ni siquiera dos que eran de urgencia impostergable, como aquella que regula plazos para la reducción al límite permisible internacional de agentes nocivos como el arsénico y el cadmio, presentes en el agua potable, y el establecimiento de Estándares de Calidad Ambiental para el agua, que solo cuenta con un reglamento reiteradamente incumplido.
Si el gobierno no aprueba los instrumentos mínimos para una gestión ambiental adecuada y sigue auspiciando o tolerando normas muy flexibles con el argumento falaz de que los estándares internacionales "son para países desarrollados" o sigue pretendiendo que se exonere a la minería de ser comprendida en el ámbito del futuro Ministerio, entonces mejor no crearlo. Pues lo que no puede seguir es esta desidia a costa del futuro de los peruanos, como lo demuestra que no exista un reglamento para declarar un estado de emergencia ambiental, se impida la fiscalización y sanción de infractores y se siga avanzando en la entrega en propiedad de la selva, considerada indispensable para mantener la salud ambiental del planeta.
La denuncia la ha hecho el abogado Iván Lanegra en un libro de su autoría titulado El (ausente) Estado ambiental, y la historia es la siguiente: el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) estableció mediante decreto supremo del 8/11/06 –es decir, ya estando en funciones el presente gobierno– un cronograma para la aplicación progresiva de un conjunto de normas referidas a Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP).
No se crea que se trata de exigencias caprichosas, pues todas estas normas se encuentran en vigencia a nivel internacional y países vecinos como Chile y Ecuador las han incorporado hace buen tiempo a su legislación. El DS mencionado daba un plazo holgado al gobierno para ponerlas en vigencia, entre otras cosas debido a que correspondía al CONAM realizar tareas de coordinación con los sectores involucrados y con la sociedad civil, un terreno en el que se avanzó a buen paso.
Pero la última palabra la tenía la Presidencia del Consejo de Ministros, y ahí es donde se atascaron las normas, al extremo que a diciembre de 2007 no había una sola aprobada, ni siquiera dos que eran de urgencia impostergable, como aquella que regula plazos para la reducción al límite permisible internacional de agentes nocivos como el arsénico y el cadmio, presentes en el agua potable, y el establecimiento de Estándares de Calidad Ambiental para el agua, que solo cuenta con un reglamento reiteradamente incumplido.
Si el gobierno no aprueba los instrumentos mínimos para una gestión ambiental adecuada y sigue auspiciando o tolerando normas muy flexibles con el argumento falaz de que los estándares internacionales "son para países desarrollados" o sigue pretendiendo que se exonere a la minería de ser comprendida en el ámbito del futuro Ministerio, entonces mejor no crearlo. Pues lo que no puede seguir es esta desidia a costa del futuro de los peruanos, como lo demuestra que no exista un reglamento para declarar un estado de emergencia ambiental, se impida la fiscalización y sanción de infractores y se siga avanzando en la entrega en propiedad de la selva, considerada indispensable para mantener la salud ambiental del planeta.
La República, 06/02/2008
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