Anticipándose
Sólo en año pasado hubo 43 casos de convulsión social, los mismos que involucraron a las actividades extractivas. La cifra crece año a año. Abtonio Brack revela detalles de cómo intervenir ante una evidente fracción entre las comunidades y las empresas.
El lunes, Antonio Brack y su equipo encargado de elaborar una propuesta sobre el Ministerio del Medio Ambiente debatieron un tema crucial: los conflictos sociales.
En dicha cita se analizó este problema que ha ocupado largas horas a diversos actores políticos y sociales. ¿Cómo conciliar el desarrollo con el respeto a los pueblos y al medio ambiente?, fue la pregunta que se buscó responder en la discusión.
La salida no es sólo crear un nuevo ministerio, sino dotarlo de las herramientas legales que le permitan actuar. Brack reveló a Gestión que se planteará la creación de una Unidad de Prevención de Conflictos dentro del nuevo despacho.
“Uno de los (objetivos) es que exista una Unidad de Prevención de Conflictos o lo que también se llama un Consejo de Concertación Ambiental”, precisó el ecologista.
Para Brack Egg, se debe crear una cultura de la concertación que ayude a los distintos actores a sentarse a la mesa para encontrar coincidencias. “En este momento existe una gran desconfianza de la población respecto a las instituciones del Estado”, admitió.
La idea es que, surgido el conflicto, inmediatamente haya una reacción del Estado, se vaya a la zona es disputa y se converse para desactivar a tiempo los conflictos, de lo contrario se profundizarán.
“El Ministerio del Medio Ambiente participaría de manera más ordenada. En este momento, cuando la hoguera ya está ardiendo por un conflicto, va el Premier a concertar y a veces ya es tarde”, agregó.
Cuestión de análisis
Otro punto importante es que cuando se inicie la labor del Ministerio del Medio ambiente, éste analice antes de dar la concesión de alguna zona, qué es lo que puede pasar y qué conflictos pueden generarse.
De esta manera, la empresa que tenga un lote petrolero hidrocarburífero o una concesión minera, sabrá que allí tiene que ingresar con ciertas, medidas preventivas para no generar conflictos.
“La idea es que la Unidad de Prevención –que aún no sabemos como va a ser estructurada- apenas hay un indicio, reaccione para evitar un conflicto de mayores dimensiones. La gente tiene derecho a estar informada y saber qué se va a hacer en su área”, manifestó.
Mayor participación
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, que realizó una extensa radiografía de la violencia en el país, considera que parte de la tarea de conciliar a la empresa con la población es que las regiones asuman un papel más protagónico.
“Las regiones requieren de competencias claras, personal capacitado y en número suficiente, así como recursos económicos que les permitan desplegar sus labores a lo largo de todo el territorio”, indicó Rolando Luque, encargado de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Defensoría.
Para el especialista no sólo existen conflictos puramente ambientales, sino hechos complejos con componentes sociales, políticos, culturales y económicos que hacen que cualquier respuesta institucional comprenda el desarrollo de capacidades de análisis.
“Una lectura correcta de los conflictos es cosa de equipos multidisplinarios”, acotó.
Para Juan Manuel Figueroa, secretario de coordinación de la PCM, y seguidor de la conflictividad de la inversión en el país, resulta evidente que el nuevo Ministerio del Medio Ambiente debería de tener una Unidad de Prevención.
“Debe tenerla. Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente también tocará otro tipo de protección para que no se cometan errores que puedan ocasionar controversias”, apuntó.
Finalmente, Gonzalo Quijandría, representante de Antamina, precisó que en el proceso de entendimiento entre la comunidad y las empresas mineras, éstas no sienten el apoyo del Estado.
“Sentimos que caminamos solos. Solo se hacen esfuerzos cuando ya se desataron los problemas”, manifestó.
Entrevista
Proyecciones
El secretario de coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa, pide intervención de los gobiernos regionales.
¿Los gobiernos regionales deben tener una mayor participación en la solución de los conflictos?
Definitivamente. La mayor parte de los problemas se presentan porque las asambleas regionales o los frentes de defensa no tienen un claro conocimiento de que la solución a sus demandas está en manos de las regiones, pues ellas ya cuentan con un presupuesto. El gobierno central solo debe monitorear.
¿Qué pasa con los presidentes regionales?
El problema es que algunos presidentes regionales y alcaldes han sido elegidos por un 15% y 25% de votos, por lo que no cuentan con un soporte político. Se debe fortalecer a los respectivos gobiernos para que propongan soluciones y eviten que los problemas se trasladen a la capital.
¿Se debe aumentar las sanciones a quiénes cometen infracciones medioambientales?
Se debe hacer un deslinde entre la minería del pasado, que hizo gravísimos daños, con la de hoy. Ahora existen estándares internacionales que las mismas empresas, por su formación y participación dentro de las bolsas de valores, se ven obligadas a cumplir. Hay un gran porcentaje que cuidan el medio ambiente.
Pero, ¿deben ser más severas las penas contra las empresas que cometan infracciones?
Debe haber un mayor seguimiento por parte de Osinerming. Creo que en muchos casos, por parte de algunas instituciones estatales, existe cierta dejadez.
La burocracia
Hay que reconocer que la mayoría de las empresas cumplen con dar sus aportes voluntarios, pero tenemos “un cuello de botella” en Preinversiones debido al temor de orden legal y administrativo que sienten los funcionarios para autorizar ciertos proyectos consensuados con la población.
¿Qué se debe hacer?
Osinerming, Preinversión y los ministerios de Agricultura y de Energía y Minas deben afinar un poco los ejes de orden técnico, pues ellos tienen su propia Unidad de Prevención de Conflictos. Se debe sensibilizar a los funcionarios que se trasladan a las regiones o que participan en las mesas de diálogo, esto a fin de que hagan más suyo el problema de las comunidades. Estoy seguro de que la población percibiría un cambio y se reduciría en un 50% a 60% los conflictos.
Propuestas
La propuesta es que en la Unidad de Prevención de Conflictos participe el Estado y la sociedad civil, y como parte de ésta, las ONG.
Los componentes no van a ser nombrados por el respectivo ministro, sino elegidos por sus correspondientes instituciones.
Además, se plantea un Consejo de Concertación a nivel de los gobiernos regionales y locales, en que la sociedad civil participe.
Número primo
43 conflictos socioambientales hubo en el 2007. De ellos 41 corresponden a la minería.
20 son las mesas de trabajo técnicas en las que participa la PCM a fin de encontrar solución a conflictos de diversa índole.
Sólo en año pasado hubo 43 casos de convulsión social, los mismos que involucraron a las actividades extractivas. La cifra crece año a año. Abtonio Brack revela detalles de cómo intervenir ante una evidente fracción entre las comunidades y las empresas.
El lunes, Antonio Brack y su equipo encargado de elaborar una propuesta sobre el Ministerio del Medio Ambiente debatieron un tema crucial: los conflictos sociales.
En dicha cita se analizó este problema que ha ocupado largas horas a diversos actores políticos y sociales. ¿Cómo conciliar el desarrollo con el respeto a los pueblos y al medio ambiente?, fue la pregunta que se buscó responder en la discusión.
La salida no es sólo crear un nuevo ministerio, sino dotarlo de las herramientas legales que le permitan actuar. Brack reveló a Gestión que se planteará la creación de una Unidad de Prevención de Conflictos dentro del nuevo despacho.
“Uno de los (objetivos) es que exista una Unidad de Prevención de Conflictos o lo que también se llama un Consejo de Concertación Ambiental”, precisó el ecologista.
Para Brack Egg, se debe crear una cultura de la concertación que ayude a los distintos actores a sentarse a la mesa para encontrar coincidencias. “En este momento existe una gran desconfianza de la población respecto a las instituciones del Estado”, admitió.
La idea es que, surgido el conflicto, inmediatamente haya una reacción del Estado, se vaya a la zona es disputa y se converse para desactivar a tiempo los conflictos, de lo contrario se profundizarán.
“El Ministerio del Medio Ambiente participaría de manera más ordenada. En este momento, cuando la hoguera ya está ardiendo por un conflicto, va el Premier a concertar y a veces ya es tarde”, agregó.
Cuestión de análisis
Otro punto importante es que cuando se inicie la labor del Ministerio del Medio ambiente, éste analice antes de dar la concesión de alguna zona, qué es lo que puede pasar y qué conflictos pueden generarse.
De esta manera, la empresa que tenga un lote petrolero hidrocarburífero o una concesión minera, sabrá que allí tiene que ingresar con ciertas, medidas preventivas para no generar conflictos.
“La idea es que la Unidad de Prevención –que aún no sabemos como va a ser estructurada- apenas hay un indicio, reaccione para evitar un conflicto de mayores dimensiones. La gente tiene derecho a estar informada y saber qué se va a hacer en su área”, manifestó.
Mayor participación
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, que realizó una extensa radiografía de la violencia en el país, considera que parte de la tarea de conciliar a la empresa con la población es que las regiones asuman un papel más protagónico.
“Las regiones requieren de competencias claras, personal capacitado y en número suficiente, así como recursos económicos que les permitan desplegar sus labores a lo largo de todo el territorio”, indicó Rolando Luque, encargado de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Defensoría.
Para el especialista no sólo existen conflictos puramente ambientales, sino hechos complejos con componentes sociales, políticos, culturales y económicos que hacen que cualquier respuesta institucional comprenda el desarrollo de capacidades de análisis.
“Una lectura correcta de los conflictos es cosa de equipos multidisplinarios”, acotó.
Para Juan Manuel Figueroa, secretario de coordinación de la PCM, y seguidor de la conflictividad de la inversión en el país, resulta evidente que el nuevo Ministerio del Medio Ambiente debería de tener una Unidad de Prevención.
“Debe tenerla. Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente también tocará otro tipo de protección para que no se cometan errores que puedan ocasionar controversias”, apuntó.
Finalmente, Gonzalo Quijandría, representante de Antamina, precisó que en el proceso de entendimiento entre la comunidad y las empresas mineras, éstas no sienten el apoyo del Estado.
“Sentimos que caminamos solos. Solo se hacen esfuerzos cuando ya se desataron los problemas”, manifestó.
Entrevista
Proyecciones
El secretario de coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa, pide intervención de los gobiernos regionales.
¿Los gobiernos regionales deben tener una mayor participación en la solución de los conflictos?
Definitivamente. La mayor parte de los problemas se presentan porque las asambleas regionales o los frentes de defensa no tienen un claro conocimiento de que la solución a sus demandas está en manos de las regiones, pues ellas ya cuentan con un presupuesto. El gobierno central solo debe monitorear.
¿Qué pasa con los presidentes regionales?
El problema es que algunos presidentes regionales y alcaldes han sido elegidos por un 15% y 25% de votos, por lo que no cuentan con un soporte político. Se debe fortalecer a los respectivos gobiernos para que propongan soluciones y eviten que los problemas se trasladen a la capital.
¿Se debe aumentar las sanciones a quiénes cometen infracciones medioambientales?
Se debe hacer un deslinde entre la minería del pasado, que hizo gravísimos daños, con la de hoy. Ahora existen estándares internacionales que las mismas empresas, por su formación y participación dentro de las bolsas de valores, se ven obligadas a cumplir. Hay un gran porcentaje que cuidan el medio ambiente.
Pero, ¿deben ser más severas las penas contra las empresas que cometan infracciones?
Debe haber un mayor seguimiento por parte de Osinerming. Creo que en muchos casos, por parte de algunas instituciones estatales, existe cierta dejadez.
La burocracia
Hay que reconocer que la mayoría de las empresas cumplen con dar sus aportes voluntarios, pero tenemos “un cuello de botella” en Preinversiones debido al temor de orden legal y administrativo que sienten los funcionarios para autorizar ciertos proyectos consensuados con la población.
¿Qué se debe hacer?
Osinerming, Preinversión y los ministerios de Agricultura y de Energía y Minas deben afinar un poco los ejes de orden técnico, pues ellos tienen su propia Unidad de Prevención de Conflictos. Se debe sensibilizar a los funcionarios que se trasladan a las regiones o que participan en las mesas de diálogo, esto a fin de que hagan más suyo el problema de las comunidades. Estoy seguro de que la población percibiría un cambio y se reduciría en un 50% a 60% los conflictos.
Propuestas
La propuesta es que en la Unidad de Prevención de Conflictos participe el Estado y la sociedad civil, y como parte de ésta, las ONG.
Los componentes no van a ser nombrados por el respectivo ministro, sino elegidos por sus correspondientes instituciones.
Además, se plantea un Consejo de Concertación a nivel de los gobiernos regionales y locales, en que la sociedad civil participe.
Número primo
43 conflictos socioambientales hubo en el 2007. De ellos 41 corresponden a la minería.
20 son las mesas de trabajo técnicas en las que participa la PCM a fin de encontrar solución a conflictos de diversa índole.
Hablan los involucrados
Gonzalo Quijandría
Asuntos Corporativos de Antamina
“El sector empresarial gana credibilidad al cumplir con todos los estándares ambientales. En el campo minero se aplican estándares competitivos a nivel mundial, y como tal, no tenemos nada que envidiar a los países avanzados en materia ambiental.
El asunto es que estos informes generen credibilidad en la población.
Necesitamos una labor de prevención de los conflictos medioambientales. Esto se logra educando a la gente. Hay que mejorar ese aspecto, ¿y cómo lo hacemos?, explicándole a la ciudadanía en que consiste un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Tenemos que estar unidos en esa tarea para evitar malos entendidos.
Óscar González
Presidente Ejecutivo de Southern
“Estamos cumpliendo con todas las reglas ambientales existentes, que ahora las maneja el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin.
Gracias a las nuevas tecnologías no tendremos más problemas de contaminación. Apostamos por un entendimiento con las comunidades. En este aspecto sí sentimos el apoyo del Estado, pero es necesario que al margen de la función fiscalizadora, se brinde respaldo para que las comunidades, empresas y Estado puedan trabajar mejor. Considero que así evitaremos los conflictos que pudieran ser motivados por las ONG, ya sea porque tienen algún compromiso con ciertos pueblos o con otras naciones que les otorgan el financiamiento”.
Carlos del Solar
Presidente de Hunt Oil
“Nosotros seguimos todas las normas establecidas en el país, pues no sólo creemos que es importante el tema ambiental, sino también la comunitaria. Es recomendable establecer contactos y una relación cordial con las comunidades.
Operamos dos lotes de exploración, uno en Madre de Dios y otro en el Marañon Norte, en los cuales vamos a realizar los estudios de impacto ambiental, mientras nos comprometemos con los pobladores de la zona a darles trabajo. Es importante que se sientan parte de los proyectos y noten que no se está atentando contra el medio ambiente. Es recomendable que ellos siempre participen en las reuniones en las que se informe de cómo estamos laborando”.
Elisa Maturana
Comité Forestal de Adex
“El gran enemigo del bosque no es la tala indiscriminada que realizan algunas empresas, sino la pobreza. Los pobladores de las zonas forestales suelen quemar las hectáreas para poder sembrar algo. Por eso se debería concesionar todas las áreas, ya que de esa manera se evitaría este tipo de deforestación.
Tratamos de hacerle entender a las personas que la madera es un recurso renovable y no es como los minerales que algún día se acabarán. Generar un sistema productivo que brinde a los lugareños un trabajo digno y bien pagado, sería otra forma de evitar la destrucción de los bosques. Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente esto se podría regular”.
Gonzalo Quijandría
Asuntos Corporativos de Antamina
“El sector empresarial gana credibilidad al cumplir con todos los estándares ambientales. En el campo minero se aplican estándares competitivos a nivel mundial, y como tal, no tenemos nada que envidiar a los países avanzados en materia ambiental.
El asunto es que estos informes generen credibilidad en la población.
Necesitamos una labor de prevención de los conflictos medioambientales. Esto se logra educando a la gente. Hay que mejorar ese aspecto, ¿y cómo lo hacemos?, explicándole a la ciudadanía en que consiste un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Tenemos que estar unidos en esa tarea para evitar malos entendidos.
Óscar González
Presidente Ejecutivo de Southern
“Estamos cumpliendo con todas las reglas ambientales existentes, que ahora las maneja el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin.
Gracias a las nuevas tecnologías no tendremos más problemas de contaminación. Apostamos por un entendimiento con las comunidades. En este aspecto sí sentimos el apoyo del Estado, pero es necesario que al margen de la función fiscalizadora, se brinde respaldo para que las comunidades, empresas y Estado puedan trabajar mejor. Considero que así evitaremos los conflictos que pudieran ser motivados por las ONG, ya sea porque tienen algún compromiso con ciertos pueblos o con otras naciones que les otorgan el financiamiento”.
Carlos del Solar
Presidente de Hunt Oil
“Nosotros seguimos todas las normas establecidas en el país, pues no sólo creemos que es importante el tema ambiental, sino también la comunitaria. Es recomendable establecer contactos y una relación cordial con las comunidades.
Operamos dos lotes de exploración, uno en Madre de Dios y otro en el Marañon Norte, en los cuales vamos a realizar los estudios de impacto ambiental, mientras nos comprometemos con los pobladores de la zona a darles trabajo. Es importante que se sientan parte de los proyectos y noten que no se está atentando contra el medio ambiente. Es recomendable que ellos siempre participen en las reuniones en las que se informe de cómo estamos laborando”.
Elisa Maturana
Comité Forestal de Adex
“El gran enemigo del bosque no es la tala indiscriminada que realizan algunas empresas, sino la pobreza. Los pobladores de las zonas forestales suelen quemar las hectáreas para poder sembrar algo. Por eso se debería concesionar todas las áreas, ya que de esa manera se evitaría este tipo de deforestación.
Tratamos de hacerle entender a las personas que la madera es un recurso renovable y no es como los minerales que algún día se acabarán. Generar un sistema productivo que brinde a los lugareños un trabajo digno y bien pagado, sería otra forma de evitar la destrucción de los bosques. Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente esto se podría regular”.
Gestión, 07/02/2008
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