La creación de un Ministerio para el Medio Ambiente o, como preferimos llamarlo, de un Ministerio para la Gobernanza Ambiental, es un anuncio sensato en la medida que responda a criterios racionales, tecnocráticos y axiológicos –léase ético-ambientales–. Sobre lo primero, habría que garantizar una gestión racional para el ejercicio de la autoridad ambiental, ya sea en su rol regulador, de fomento o de fiscalización y control. Ello debe ir asociado al paradigma de las reformas del Estado de segunda generación. El segundo criterio, en una perspectiva de sostenibilidad, implica evitar determinados sesgos como las consabidas consideraciones socioambientales –necesarias pero insuficientes– o el participacionismo in extremis. En efecto, también corresponde considerar el rol de la productividad, la competitividad y la generación de riqueza, bajo el paradigma de la ecoeficiencia, la empresa sostenible y su responsabilidad social, así como del deber ciudadano de contribuir a esos cometidos. Sobre lo tercero, el factor ético-ambiental, recaerá parte de la seguridad institucional ambiental, siempre que se garantice una independencia respecto de presiones provenientes de intereses públicos o particulares.
En América Latina somos de los últimos en arribar a la supuesta solución ministerial ambiental; sin embargo, esto no constituye la gran panacea garante de la sostenibilidad. En consecuencia, hay que estimar diversos referentes.
Abordemos uno solo, el de la Gobernanza. Si revisamos el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea (Bruselas, COM 2001, 428 final) –y que no se nos tilde de "europeocéntricos", pues la democracia tiene esa entraña– advertiremos cinco grandes principios que constituyen la base del gobierno no sólo de la democracia y el estado de derecho de sus Estados miembros, sino a todos los niveles de gobierno: mundial, europeo, nacional, regional.
Apliquémoslos en una perspectiva ambiental: a) Apertura. Equivale a la transparencia en la actuación de las autoridades y su entorno relacional. Se conecta con el requerimiento de información ambiental confiable, oportuna, responsable, de conocer el pasado y presente de muchos de los "actores" tan preocupados por esta nueva autoridad; conocer los "procesos" y procedencias reales de quienes asuman tareas público ambientales; así como la dosis meritocrática correspondiente. Hay la mala praxis de "usar" al paso la administración pública ambiental ya sea como estage o pasantía al servicio de intereses propios; b) Participación. Sí pero responsable, no instrumental ni para propósitos personales, demagógicos o de cálculo político; respetando el legítimo derecho de los particulares, incluyendo empresas a interesarse en el rumbo ambiental y productivo del país; c) Responsabilidad.
Fijar competencias y roles tan claros y distintos como las reglas para un eventual deslinde de las mismas; ¿cuáles son los ámbitos de carácter transectorial? ¿quién, cuándo y cómo deben intervenir las autoridades en la regulación, control, sanción sea negativa o positiva (premio ambiental) y en sus diversos nivelas nacional, regional local); d) Eficacia. Importa el manejo sistémico y gerencial con datos ciertos y la toma de decisiones según el costo-beneficio. Urge una sana inteligencia ambiental inclusive considerando la seguridad ecológica del país; e) Coherencia. Garantizar cómo se articulan las preocupaciones sectoriales de la economía, salud, producción, ciencia, cultura, tecnología, educación entre otras, con los imperativos ambientales y de respeto a la dignidad humana. No es poco, pues, lo que le espera a la Gobernanza Ambiental en nuestro país.
En América Latina somos de los últimos en arribar a la supuesta solución ministerial ambiental; sin embargo, esto no constituye la gran panacea garante de la sostenibilidad. En consecuencia, hay que estimar diversos referentes.
Abordemos uno solo, el de la Gobernanza. Si revisamos el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea (Bruselas, COM 2001, 428 final) –y que no se nos tilde de "europeocéntricos", pues la democracia tiene esa entraña– advertiremos cinco grandes principios que constituyen la base del gobierno no sólo de la democracia y el estado de derecho de sus Estados miembros, sino a todos los niveles de gobierno: mundial, europeo, nacional, regional.
Apliquémoslos en una perspectiva ambiental: a) Apertura. Equivale a la transparencia en la actuación de las autoridades y su entorno relacional. Se conecta con el requerimiento de información ambiental confiable, oportuna, responsable, de conocer el pasado y presente de muchos de los "actores" tan preocupados por esta nueva autoridad; conocer los "procesos" y procedencias reales de quienes asuman tareas público ambientales; así como la dosis meritocrática correspondiente. Hay la mala praxis de "usar" al paso la administración pública ambiental ya sea como estage o pasantía al servicio de intereses propios; b) Participación. Sí pero responsable, no instrumental ni para propósitos personales, demagógicos o de cálculo político; respetando el legítimo derecho de los particulares, incluyendo empresas a interesarse en el rumbo ambiental y productivo del país; c) Responsabilidad.
Fijar competencias y roles tan claros y distintos como las reglas para un eventual deslinde de las mismas; ¿cuáles son los ámbitos de carácter transectorial? ¿quién, cuándo y cómo deben intervenir las autoridades en la regulación, control, sanción sea negativa o positiva (premio ambiental) y en sus diversos nivelas nacional, regional local); d) Eficacia. Importa el manejo sistémico y gerencial con datos ciertos y la toma de decisiones según el costo-beneficio. Urge una sana inteligencia ambiental inclusive considerando la seguridad ecológica del país; e) Coherencia. Garantizar cómo se articulan las preocupaciones sectoriales de la economía, salud, producción, ciencia, cultura, tecnología, educación entre otras, con los imperativos ambientales y de respeto a la dignidad humana. No es poco, pues, lo que le espera a la Gobernanza Ambiental en nuestro país.
La República, 23/02/2008
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