A la Unidad de Análisis de Conflicto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que dirige el funcionario Manuel Figueroa, a quien dicho sea de paso no fue posible localizar ayer, se sumará una nueva oficina que coordinará con las regiones y verá los conflictos socioambientales en curso y su prevención. El anuncio lo hizo, a través de elcomercio.com.pe el ministro del Ambiente, Antonio Brack, de cuya cartera dependerá dicho estamento.
Se denominará Oficina de Coordinación Regional y de Asuntos Socioambientales. Brack descartó que su creación sea una consecuencia del reciente conflicto en Moquegua por la distribución del canon minero, ya que fue diseñada desde enero de este año.
"Esta oficina fue propuesta por el grupo técnico multisectorial que estructuró el nuevo ministerio en los primeros tres meses de este año", anotó el titular del sector.
También contó que fue concebida en base a las alertas mensuales que difunde la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales que se presentan en el territorio nacional.
Brack precisó que cuando esta oficina comience a funcionar, a fines de este año, "intentará realizar innovaciones en la mecánica del accionar del Estado" para afrontar este tipo de situaciones.
Frente a la alerta anunciada por el jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, respecto a que existen tres conflictos inmediatos: Morococha (Junín), Untuca (Puno) y San Juan del Oro (Sandia, Puno), el jefe del portafolio aseguró que evaluará estos conflictos y coordinará con las regiones y el Ministerio de Energía y Minas.
"NO BASTA EL DIAGNÓSTICO"Para el presidente regional de Junín, Vladimir Huaroc, iniciativas como la de la PCM y ahora del Ministerio del Ambiente son buenas, pero considera que estas no solo deben quedarse en el diagnóstico.
"En la región Junín tenemos pendiente hace más de un año el tema del proyecto Toromocho, en Morococha. Perú Copper la vendió con una cifra significativa y no hemos recibido un solo beneficio. Ya hemos solicitado una mesa de diálogo al respecto, teníamos el compromiso", refiere un preocupado Huaroc.
En mayo último Perú Copper, filial peruana de la minera estatal Aluminium Corp of China LTD (Chinalco), asumió el desarrollo del proyecto de cobre Toromocho. Este se podría convertir en una de las mayores minas del metal rojo en el 2011. El contrato de transferencia del proyecto asciende a 2.152 millones de dólares.
"Han pasado cuatro semanas y he llamado reiteradamente al ministro (Jorge) Del Castillo, pero no he tenido respuesta. Los pobladores (de Morococha) están inquietos, los quieren reubicar y obviamente urge una mesa de diálogo para resolver la situación. La Unidad de Conflictos de la PCM no se ha comunicado con nosotros, al parecer está desactivada", expresó.
Huaroc afirma que el temor de los moradores y autoridades de la zona está latente porque "hay malos antecedentes con las empresas chinas y no quieren que se repita la historia".
Comentó que situaciones como esta no son propias de Junín y se repiten en otros lugares como Ayacucho. Por eso recomienda fortalecer el equipo de la PCM a fin de mejorar los canales de comunicación y de acción.
Falta un sistema de alerta tempranaEl consultor en prevención y gestión de conflictos de la Pontificia Universidad Católica, Fabián Pérez Núñez, señaló que lo ocurrido en Moquegua ha dejado en evidencia algunas falencias en la solución de conflictos por parte del Gobierno. Reconoció que se han dado buenos pasos con la unidad de análisis de conflicto de la PCM y por parte de la Defensoría del Pueblo en cuanto al monitoreo, pero aún así faltan llenar algunos vacíos en prevención y coordinación. "Hasta donde sé, el reclamo de Moquegua venía de tiempo atrás. Un conflicto empieza con lo que llamamos incompatibilidades potenciales, es decir, situaciones que están allí y pueden generar un conflicto por falta de información, de comunicación", explica. Advierte que estas unidades de solución existentes deberían intervenir en ese momento, cuando los conflictos son solo potenciales. "Esperemos que la unidad de la PCM logre articular todas las unidades de conflictos a nivel de ministerios, pero sobre todo que implemente un sistema de alerta temprana". Sugiere que más que una persona, que en su opinión no debe ser el jefe del Gabinete, se necesita que un equipo multidisciplinario esté al frente".
REACCIONESMiradas a lo que pasó en MoqueguaDestaca prudenciaEl presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, resaltó que el conflicto en Moquegua se resolviera con prudencia. "Si la policía utilizaba armas de fuego se hubieran producido muertos y esto hubiera sido un desastre", declaró ayer en Radio Nacional.
Recuerda el procedimientoLa titular de la Comisión de Defensa del Legislativo, Mercedes Cabanillas, recordó en CPN Radio que la policía tiene un marco legal que le permite intervenir en casos de crisis y para eso puede portar implementos como balines de goma, cascos y escudos, que sin ser letales, garantizan el restablecimiento del orden.
Violencia no"La violencia no es una alternativa y esto tiene que ser asimilado por todos. Uno podrá decir: 'Si no hago actos de violencia, no me hacen caso', pero hay formas en la que uno puede expresar lícitamente su rechazo", manifestó también ayer el cardenal Juan Luis Cipriani en Radio Programas.
Señala responsabilidadEl ex director de la Policía Nacional, general Eduardo Pérez Rocha, opinó que sí existe una responsabilidad política del ministro del Interior, Luis Alva Castro, en este hecho.
Se denominará Oficina de Coordinación Regional y de Asuntos Socioambientales. Brack descartó que su creación sea una consecuencia del reciente conflicto en Moquegua por la distribución del canon minero, ya que fue diseñada desde enero de este año.
"Esta oficina fue propuesta por el grupo técnico multisectorial que estructuró el nuevo ministerio en los primeros tres meses de este año", anotó el titular del sector.
También contó que fue concebida en base a las alertas mensuales que difunde la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales que se presentan en el territorio nacional.
Brack precisó que cuando esta oficina comience a funcionar, a fines de este año, "intentará realizar innovaciones en la mecánica del accionar del Estado" para afrontar este tipo de situaciones.
Frente a la alerta anunciada por el jefe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, respecto a que existen tres conflictos inmediatos: Morococha (Junín), Untuca (Puno) y San Juan del Oro (Sandia, Puno), el jefe del portafolio aseguró que evaluará estos conflictos y coordinará con las regiones y el Ministerio de Energía y Minas.
"NO BASTA EL DIAGNÓSTICO"Para el presidente regional de Junín, Vladimir Huaroc, iniciativas como la de la PCM y ahora del Ministerio del Ambiente son buenas, pero considera que estas no solo deben quedarse en el diagnóstico.
"En la región Junín tenemos pendiente hace más de un año el tema del proyecto Toromocho, en Morococha. Perú Copper la vendió con una cifra significativa y no hemos recibido un solo beneficio. Ya hemos solicitado una mesa de diálogo al respecto, teníamos el compromiso", refiere un preocupado Huaroc.
En mayo último Perú Copper, filial peruana de la minera estatal Aluminium Corp of China LTD (Chinalco), asumió el desarrollo del proyecto de cobre Toromocho. Este se podría convertir en una de las mayores minas del metal rojo en el 2011. El contrato de transferencia del proyecto asciende a 2.152 millones de dólares.
"Han pasado cuatro semanas y he llamado reiteradamente al ministro (Jorge) Del Castillo, pero no he tenido respuesta. Los pobladores (de Morococha) están inquietos, los quieren reubicar y obviamente urge una mesa de diálogo para resolver la situación. La Unidad de Conflictos de la PCM no se ha comunicado con nosotros, al parecer está desactivada", expresó.
Huaroc afirma que el temor de los moradores y autoridades de la zona está latente porque "hay malos antecedentes con las empresas chinas y no quieren que se repita la historia".
Comentó que situaciones como esta no son propias de Junín y se repiten en otros lugares como Ayacucho. Por eso recomienda fortalecer el equipo de la PCM a fin de mejorar los canales de comunicación y de acción.
Falta un sistema de alerta tempranaEl consultor en prevención y gestión de conflictos de la Pontificia Universidad Católica, Fabián Pérez Núñez, señaló que lo ocurrido en Moquegua ha dejado en evidencia algunas falencias en la solución de conflictos por parte del Gobierno. Reconoció que se han dado buenos pasos con la unidad de análisis de conflicto de la PCM y por parte de la Defensoría del Pueblo en cuanto al monitoreo, pero aún así faltan llenar algunos vacíos en prevención y coordinación. "Hasta donde sé, el reclamo de Moquegua venía de tiempo atrás. Un conflicto empieza con lo que llamamos incompatibilidades potenciales, es decir, situaciones que están allí y pueden generar un conflicto por falta de información, de comunicación", explica. Advierte que estas unidades de solución existentes deberían intervenir en ese momento, cuando los conflictos son solo potenciales. "Esperemos que la unidad de la PCM logre articular todas las unidades de conflictos a nivel de ministerios, pero sobre todo que implemente un sistema de alerta temprana". Sugiere que más que una persona, que en su opinión no debe ser el jefe del Gabinete, se necesita que un equipo multidisciplinario esté al frente".
REACCIONESMiradas a lo que pasó en MoqueguaDestaca prudenciaEl presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, resaltó que el conflicto en Moquegua se resolviera con prudencia. "Si la policía utilizaba armas de fuego se hubieran producido muertos y esto hubiera sido un desastre", declaró ayer en Radio Nacional.
Recuerda el procedimientoLa titular de la Comisión de Defensa del Legislativo, Mercedes Cabanillas, recordó en CPN Radio que la policía tiene un marco legal que le permite intervenir en casos de crisis y para eso puede portar implementos como balines de goma, cascos y escudos, que sin ser letales, garantizan el restablecimiento del orden.
Violencia no"La violencia no es una alternativa y esto tiene que ser asimilado por todos. Uno podrá decir: 'Si no hago actos de violencia, no me hacen caso', pero hay formas en la que uno puede expresar lícitamente su rechazo", manifestó también ayer el cardenal Juan Luis Cipriani en Radio Programas.
Señala responsabilidadEl ex director de la Policía Nacional, general Eduardo Pérez Rocha, opinó que sí existe una responsabilidad política del ministro del Interior, Luis Alva Castro, en este hecho.
El Comercio, 22/06/2008
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