Editorial del Boletín Virtual N° 104 de CooperAcción
El presidente García ha anunciado al país la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Como justificación central de la propuesta ha señalado que se busca honrar compromisos internacionales, como los del Tratado de Libre Comercio. Al parecer también han pesado las exigencias planteadas por el BID para un préstamo de US$ 800 millones para el desarrollo de Camisea II.
Curiosa manera de tomar una decisión tan importante. En el tema ambiental, la agenda interna había puesto en debate, desde hace un buen tiempo, la necesidad de reforzar el sistema nacional de gestión ambiental. Los informes regulares de la Defensoría del Pueblo nos recuerdan que la principal fuente de conflictos sociales en el país proviene de temas ambientales. Igualmente, un grupo de organizaciones sociales y no gubernamentales, al lado de la persistente labor de la Defensoría del Pueblo, habían planteado la creación de una autoridad ambiental autónoma, a lo que se habían opuesto, con la misma persistencia, destacados miembros del Ejecutivo, entre ellos el propio Presidente del Consejo de Ministros.
Por ello es de vital importancia que se den los pasos adecuados para configurar la autoridad ambiental que el país realmente necesita. Se trata de recoger las mejores experiencias internacionales y tomar en cuenta la opinión de los que en el Perú han venido trabajando de manera seria esta problemática.
Algunas pistas: es importante que la nueva autoridad ambiental esté dotada de la más alta jerarquía política, para que pueda asumir funciones de fiscalización, prevención de impactos y control de las diferentes actividades vinculadas a los distintos sectores productivos. Además, una propuesta de nueva autoridad ambiental, se deberá sustentar en los principios de transectorialidad, descentralización, prevención, participación ciudadana, transparencia, asunción de costos e innovación administrativa y de funcionamiento.
Un tema que también deberá ser abordado por la nueva autoridad es la adecuación de los límites máximos permisibles de la legislación peruana a los estándares internacionales de emisiones contaminantes para proteger de manera efectiva a las poblaciones y el ambiente en general. En general, los límites máximos permisibles fijados por las leyes peruanas se encuentran todavía muy lejos de los estándares internacionales y son demasiado permisivos.
También están allí, como mudos testigos y sin resolver, los pasivos ambientales a lo largo y ancho del país y las denominadas zonas ambientalmente críticas: un reciente informe del Banco Mundial (BM) nos recuerda que el costo de la degradación ambiental en el Perú llega a la cifra de 8,2 mil millones de soles, lo que equivale al 3,9% del Producto Bruto Interno.
En el mismo informe, el BM cuestiona la eficiencia de algunos instrumentos de gestión ambiental como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA): “en cuanto a las elaboraciones de los EIA, el BM cuestiona en varios aspectos la parte técnica y la limitada capacidad del Ministerio de Energía y Minas para revisar y aprobar los EIA de manera eficiente”. Para el BM, las audiencias públicas previas a la elaboración de los EIA no han dado los resultados esperados y por ello recomienda, entre otras cosas, reglamentar la ley de evaluaciones ambientales e integrar los EIA con una evaluación profunda del impacto social”.
La necesidad de reforzar los mecanismos de participación ciudadana, desde, por ejemplo desde las fases iniciales de los proyectos, durante el desarrollo de los mismos, las fiscalizaciones y hasta los procesos de cierre de operaciones. La participación ciudadana debe desarrollarse en condiciones adecuadas; debe ser oportuna e informada, respetando aspectos culturales y buscando romper las asimetrías que se dan por ejemplo en las relaciones entre las comunidades y las empresas mineras.
La necesidad de fortalecer los instrumentos de gestión ambiental se hace aun más necesaria es un escenario de cambio climático en el que el territorio peruano aparece como uno de los más vulnerables en el planeta. Hasta el momento ningún instrumento de gestión ambiental en el país ha incorporado la variable cambio climático.
Uno de los mayores aportes del proceso que está por comenzar será abrir un amplio debate nacional para precisamente informar y sensibilizar a diferentes sectores: empresas, comunidades, medios de comunicación, autoridades locales, regionales y nacionales, opinión pública en general, sobre una problemática que nos ha comenzado a pasar factura. Debemos concordar que una política efectiva de defensa del medio ambiente es una necesidad de primer orden para el Perú y de ninguna manera es un lujo del primer mundo como algunos quieren presentar.
Fuente: CooperAcción, Boletín Virtual N° 104, correo electrónico: cooperaccion@cooperaccion.org.pe
El presidente García ha anunciado al país la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Como justificación central de la propuesta ha señalado que se busca honrar compromisos internacionales, como los del Tratado de Libre Comercio. Al parecer también han pesado las exigencias planteadas por el BID para un préstamo de US$ 800 millones para el desarrollo de Camisea II.
Curiosa manera de tomar una decisión tan importante. En el tema ambiental, la agenda interna había puesto en debate, desde hace un buen tiempo, la necesidad de reforzar el sistema nacional de gestión ambiental. Los informes regulares de la Defensoría del Pueblo nos recuerdan que la principal fuente de conflictos sociales en el país proviene de temas ambientales. Igualmente, un grupo de organizaciones sociales y no gubernamentales, al lado de la persistente labor de la Defensoría del Pueblo, habían planteado la creación de una autoridad ambiental autónoma, a lo que se habían opuesto, con la misma persistencia, destacados miembros del Ejecutivo, entre ellos el propio Presidente del Consejo de Ministros.
Por ello es de vital importancia que se den los pasos adecuados para configurar la autoridad ambiental que el país realmente necesita. Se trata de recoger las mejores experiencias internacionales y tomar en cuenta la opinión de los que en el Perú han venido trabajando de manera seria esta problemática.
Algunas pistas: es importante que la nueva autoridad ambiental esté dotada de la más alta jerarquía política, para que pueda asumir funciones de fiscalización, prevención de impactos y control de las diferentes actividades vinculadas a los distintos sectores productivos. Además, una propuesta de nueva autoridad ambiental, se deberá sustentar en los principios de transectorialidad, descentralización, prevención, participación ciudadana, transparencia, asunción de costos e innovación administrativa y de funcionamiento.
Un tema que también deberá ser abordado por la nueva autoridad es la adecuación de los límites máximos permisibles de la legislación peruana a los estándares internacionales de emisiones contaminantes para proteger de manera efectiva a las poblaciones y el ambiente en general. En general, los límites máximos permisibles fijados por las leyes peruanas se encuentran todavía muy lejos de los estándares internacionales y son demasiado permisivos.
También están allí, como mudos testigos y sin resolver, los pasivos ambientales a lo largo y ancho del país y las denominadas zonas ambientalmente críticas: un reciente informe del Banco Mundial (BM) nos recuerda que el costo de la degradación ambiental en el Perú llega a la cifra de 8,2 mil millones de soles, lo que equivale al 3,9% del Producto Bruto Interno.
En el mismo informe, el BM cuestiona la eficiencia de algunos instrumentos de gestión ambiental como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA): “en cuanto a las elaboraciones de los EIA, el BM cuestiona en varios aspectos la parte técnica y la limitada capacidad del Ministerio de Energía y Minas para revisar y aprobar los EIA de manera eficiente”. Para el BM, las audiencias públicas previas a la elaboración de los EIA no han dado los resultados esperados y por ello recomienda, entre otras cosas, reglamentar la ley de evaluaciones ambientales e integrar los EIA con una evaluación profunda del impacto social”.
La necesidad de reforzar los mecanismos de participación ciudadana, desde, por ejemplo desde las fases iniciales de los proyectos, durante el desarrollo de los mismos, las fiscalizaciones y hasta los procesos de cierre de operaciones. La participación ciudadana debe desarrollarse en condiciones adecuadas; debe ser oportuna e informada, respetando aspectos culturales y buscando romper las asimetrías que se dan por ejemplo en las relaciones entre las comunidades y las empresas mineras.
La necesidad de fortalecer los instrumentos de gestión ambiental se hace aun más necesaria es un escenario de cambio climático en el que el territorio peruano aparece como uno de los más vulnerables en el planeta. Hasta el momento ningún instrumento de gestión ambiental en el país ha incorporado la variable cambio climático.
Uno de los mayores aportes del proceso que está por comenzar será abrir un amplio debate nacional para precisamente informar y sensibilizar a diferentes sectores: empresas, comunidades, medios de comunicación, autoridades locales, regionales y nacionales, opinión pública en general, sobre una problemática que nos ha comenzado a pasar factura. Debemos concordar que una política efectiva de defensa del medio ambiente es una necesidad de primer orden para el Perú y de ninguna manera es un lujo del primer mundo como algunos quieren presentar.
Fuente: CooperAcción, Boletín Virtual N° 104, correo electrónico: cooperaccion@cooperaccion.org.pe
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