Hoy, en horas de la tarde, el ecólogo Antonio Brack, quien encabeza el grupo multidisciplinario que elaboró el proyecto de ley para crear el ministerio del medio ambiente, presentará con parte de su equipo la propuesta definitiva al Consejo de Ministros.
El experto, quien se presentó ayer por la mañana en un evento organizado por el Fondo Nacional para Áreas Protegidas por el Estado, afirmó que el proyecto no fue creado para fustigar a la inversión privada sino para atraer capitales frescos en el frente externo y promover menos impactos ambientales en el entorno local.
"Todo el mundo piensa que la creación de este ministerio es para meter presos a los empresarios, pero no es así; aunque sí debemos reconocer que existen algunos empresarios irresponsables que no respetan las exigencias ambientales y que piensan que no pasa nada si no cumplen los límites máximos permisibles en materia ambiental", señaló Brack.
Añadió que la naturaleza del nuevo ministerio no será abarcar el total de la supervisión y fiscalización ambiental del Estado, pues gran parte de ella seguirán a cargo de los ministerios productivos (Agricultura, Producción y Energía y Minas). El proyecto de ley de la Comisión Brack hace referencia a que este ministerio implementará las políticas y normas ambientales en el país a través de un organismo de supervisión y fiscalización ambiental, independiente del poder político de la cartera, que se hará cargo de los proyectos de mayor impacto o que involucren inversiones de gran envergadura. No se precisa el monto de los proyectos considerados de gran tamaño.
La forma en que se financiará esta oficina será definida en el reglamento del ministerio. Cabe señalar que los organismos reguladores que hoy dependen de la PCM no pierden independencia, al ser financiados por el Ejecutivo.
NUEVOS CAMBIOSEl proyecto de ley ha generado reacciones a favor y en contra. La secretaria ejecutiva de la red Muqui (organización que agrupa a las ONG ligadas al sector minero), Ana Leyva, dijo que si bien el proyecto tiene avances sustanciales, como la creación de un organismo de supervisión y fiscalización ambiental, deja la duda acerca de qué organización evaluará los proyectos pequeños y medianos (o los que no sean calificados de gran envergadura) y si estos quedarán a cargo de los ministerios productivos o serán transferidos a los gobiernos locales y regionales.
Gloria Ramos, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, señaló que el proyecto ha dejado en manos del Ministerio de Agricultura el manejo del agua y las concesiones forestales, cuando ambos han sido manejados, según su parecer, de forma deficiente por esta cartera.
Según voceros de la Comisión Brack, es cierto que existen aspectos que no son muy precisos, pero serán aclarados una vez que se apruebe el reglamento.
Por su parte, el presidente de Osinergmin, Manuel Dammert, indicó que por las múltiples áreas que deberá fiscalizar el futuro organismo supervisor (forestal, petróleo, gas natural, pesquería, transporte urbano, saneamiento, minería, agricultura, etc.) será difícil una implementación inmediata al interior del nuevo ministerio.
Al respecto, indicó que se debe evaluar el financiamiento y los recursos humanos con los que se cuentan para establecer un nuevo ente fiscalizador antes de desactivar los que hoy funcionan. Dammert explicó, por ejemplo, que el Osinergmin ha demorado un año en implementar una oficina de fiscalización minera y se deberá esperar un tiempo para evaluar sus resultados antes de trasladar sus funciones a la oficina que se espera crear dentro del ministerio del medio ambiente.
El experto, quien se presentó ayer por la mañana en un evento organizado por el Fondo Nacional para Áreas Protegidas por el Estado, afirmó que el proyecto no fue creado para fustigar a la inversión privada sino para atraer capitales frescos en el frente externo y promover menos impactos ambientales en el entorno local.
"Todo el mundo piensa que la creación de este ministerio es para meter presos a los empresarios, pero no es así; aunque sí debemos reconocer que existen algunos empresarios irresponsables que no respetan las exigencias ambientales y que piensan que no pasa nada si no cumplen los límites máximos permisibles en materia ambiental", señaló Brack.
Añadió que la naturaleza del nuevo ministerio no será abarcar el total de la supervisión y fiscalización ambiental del Estado, pues gran parte de ella seguirán a cargo de los ministerios productivos (Agricultura, Producción y Energía y Minas). El proyecto de ley de la Comisión Brack hace referencia a que este ministerio implementará las políticas y normas ambientales en el país a través de un organismo de supervisión y fiscalización ambiental, independiente del poder político de la cartera, que se hará cargo de los proyectos de mayor impacto o que involucren inversiones de gran envergadura. No se precisa el monto de los proyectos considerados de gran tamaño.
La forma en que se financiará esta oficina será definida en el reglamento del ministerio. Cabe señalar que los organismos reguladores que hoy dependen de la PCM no pierden independencia, al ser financiados por el Ejecutivo.
NUEVOS CAMBIOSEl proyecto de ley ha generado reacciones a favor y en contra. La secretaria ejecutiva de la red Muqui (organización que agrupa a las ONG ligadas al sector minero), Ana Leyva, dijo que si bien el proyecto tiene avances sustanciales, como la creación de un organismo de supervisión y fiscalización ambiental, deja la duda acerca de qué organización evaluará los proyectos pequeños y medianos (o los que no sean calificados de gran envergadura) y si estos quedarán a cargo de los ministerios productivos o serán transferidos a los gobiernos locales y regionales.
Gloria Ramos, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, señaló que el proyecto ha dejado en manos del Ministerio de Agricultura el manejo del agua y las concesiones forestales, cuando ambos han sido manejados, según su parecer, de forma deficiente por esta cartera.
Según voceros de la Comisión Brack, es cierto que existen aspectos que no son muy precisos, pero serán aclarados una vez que se apruebe el reglamento.
Por su parte, el presidente de Osinergmin, Manuel Dammert, indicó que por las múltiples áreas que deberá fiscalizar el futuro organismo supervisor (forestal, petróleo, gas natural, pesquería, transporte urbano, saneamiento, minería, agricultura, etc.) será difícil una implementación inmediata al interior del nuevo ministerio.
Al respecto, indicó que se debe evaluar el financiamiento y los recursos humanos con los que se cuentan para establecer un nuevo ente fiscalizador antes de desactivar los que hoy funcionan. Dammert explicó, por ejemplo, que el Osinergmin ha demorado un año en implementar una oficina de fiscalización minera y se deberá esperar un tiempo para evaluar sus resultados antes de trasladar sus funciones a la oficina que se espera crear dentro del ministerio del medio ambiente.
PASO A PASO
Lo que propone la Comisión Brack
1 El proyecto de ley de la Comisión Brack propone la creación de un organismo de supervisión y fiscalización ambiental que evaluará y fiscalizará proyectos de gran envergadura que puedan afectar sensiblemente el ambiente.
2 Asimismo, un consejo de concertación ambiental que promueva el diálogo y la concertación en asuntos ambientales entre los gremios empresariales, la sociedad civil y el Estado.
3 Propone que se cree una oficina de coordinación regional y asuntos socioambientales para prevenir posibles conflictos.
4 Se adscriben al futuro ministerio del medio ambiente: el Senamhi, el Instituto Geofísico del Perú; y se fusionará a esta cartera el Consejo Nacional del Ambiente y la Dirección General de Salud Ambiental.
5 El proyecto de ley crea la autoridad nacional de recursos hídricos y cuencas, así como el servicio nacional de áreas naturales protegidas por el Estado. Ambas serán autoridades técnico-normativas, mas no fiscalizadoras.
El Comercio, 05/03/2008
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