La reciente propuesta del Poder Ejecutivo de crear un nuevo ministerio tiene que ser analizada seria y desapasionadamente. ¿Necesitamos realmente un Ministerio del Ambiente?
Por principio, somos opuestos al abultamiento del aparato estatal, sobre todo cuando reiteradamente sostenemos la urgencia de reducirlo dentro de la aún pendiente reforma estatal. Sin embargo, en el caso actual, se trata de un ámbito descuidado pero ciertamente amplio y problemático.
Efectivamente, según reportes recientes de la Defensoría del Pueblo, están en curso 79 conflictos sociales, la mitad de estos causados por divergencias en temas mineros y socioambientales, lo que demuestra la gravedad y prevalencia del tema ambiental.
Ante ello la respuesta del Estado ha sido hasta ahora poco efectiva. En ello influyen la falta de autoridad, firmeza y representatividad de los organismos reguladores encargados de velar por el medio ambiente, cuyos pronunciamientos son cuestionados y hasta ninguneados. Y el Ministerio de Energía y Minas, encargado de promover inversiones, no puede ser juez y parte.
La premisa básica en cualquier cambio, como lo señalamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno 2006, es que el medio ambiente "está para ser usado, pero no abusado". Se necesita, por tanto, políticas que propugnen un "desarrollo sostenible, que involucren una interacción entre la economía, la sociedad y el ambiente, la facilitación de la innovación tecnológica, así como la regulación y control para garantizar la sostenibilidad de los recursos en beneficio de las futuras generaciones".
En tal escenario, la propuesta de crear un Ministerio del Ambiente puede ser importante y necesaria para definir una política ambiental de modo objetivo, sin ceder ni a los prejuicios de los poderosos 'lobbies' ambientalistas o de las ONG verdes que se oponen a cualquier proyecto, ni a las presiones de algunas empresas que quieren explotar recursos sin ningún límite ni control.
Sin embargo, en este caso un ministerio por sí mismo no resuelve el problema. Lo que se necesita, complementaria-mente, es un nuevo organismo regulador sólido, respetable y respetado, que intervenga para dar directivas y solucionar conflictos con autoridad y determinación.
Para ello debe contar con una sólida autonomía e imparcialidad, un presupuesto independiente (que no provenga de los fiscalizados) y tener al frente a una personalidad con trayectoria técnica e independiente y que goce del respeto general. Solo así, y convocando el aporte de los técnicos, se podrá recuperar la autoridad en el sector y contribuir al desarrollo del país.
Bien pues por el nuevo ministerio. Pero esta propuesta debe ser complementada, de modo superlativo e imprescindible, por la creación de un nuevo organismo regulador, autónomo e independiente, en lo cual el Congreso no puede hacerse de la vista gorda.
Por principio, somos opuestos al abultamiento del aparato estatal, sobre todo cuando reiteradamente sostenemos la urgencia de reducirlo dentro de la aún pendiente reforma estatal. Sin embargo, en el caso actual, se trata de un ámbito descuidado pero ciertamente amplio y problemático.
Efectivamente, según reportes recientes de la Defensoría del Pueblo, están en curso 79 conflictos sociales, la mitad de estos causados por divergencias en temas mineros y socioambientales, lo que demuestra la gravedad y prevalencia del tema ambiental.
Ante ello la respuesta del Estado ha sido hasta ahora poco efectiva. En ello influyen la falta de autoridad, firmeza y representatividad de los organismos reguladores encargados de velar por el medio ambiente, cuyos pronunciamientos son cuestionados y hasta ninguneados. Y el Ministerio de Energía y Minas, encargado de promover inversiones, no puede ser juez y parte.
La premisa básica en cualquier cambio, como lo señalamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno 2006, es que el medio ambiente "está para ser usado, pero no abusado". Se necesita, por tanto, políticas que propugnen un "desarrollo sostenible, que involucren una interacción entre la economía, la sociedad y el ambiente, la facilitación de la innovación tecnológica, así como la regulación y control para garantizar la sostenibilidad de los recursos en beneficio de las futuras generaciones".
En tal escenario, la propuesta de crear un Ministerio del Ambiente puede ser importante y necesaria para definir una política ambiental de modo objetivo, sin ceder ni a los prejuicios de los poderosos 'lobbies' ambientalistas o de las ONG verdes que se oponen a cualquier proyecto, ni a las presiones de algunas empresas que quieren explotar recursos sin ningún límite ni control.
Sin embargo, en este caso un ministerio por sí mismo no resuelve el problema. Lo que se necesita, complementaria-mente, es un nuevo organismo regulador sólido, respetable y respetado, que intervenga para dar directivas y solucionar conflictos con autoridad y determinación.
Para ello debe contar con una sólida autonomía e imparcialidad, un presupuesto independiente (que no provenga de los fiscalizados) y tener al frente a una personalidad con trayectoria técnica e independiente y que goce del respeto general. Solo así, y convocando el aporte de los técnicos, se podrá recuperar la autoridad en el sector y contribuir al desarrollo del país.
Bien pues por el nuevo ministerio. Pero esta propuesta debe ser complementada, de modo superlativo e imprescindible, por la creación de un nuevo organismo regulador, autónomo e independiente, en lo cual el Congreso no puede hacerse de la vista gorda.
El Comercio, 28/12/2007
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