El presidente García acaba de anunciar la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Como justificación central de la propuesta ha señalado que se busca honrar compromisos internacionales, como los del Tratado de Libre Comercio. Al parecer también han pesado las exigencias planteadas por el BID para el préstamo de US$ 800 millones para Camisea II.
Curiosa manera de tomar una decisión tan importante. En el tema ambiental, la agenda interna había puesto en debate la necesidad de reforzar el sistema nacional de gestión ambiental. Los informes regulares de la Defensoría del Pueblo nos recordaban que la principal fuente de conflictos sociales en el país proviene de temas ambientales. Igualmente, desde hace tiempo un puñado de organizaciones sociales y no gubernamentales, al lado de la persistente labor de la Defensoría del Pueblo, habían planteado la creación de una autoridad ambiental autónoma, a lo que se habían opuesto, con la misma persistencia, destacados miembros del Ejecutivo, entre ellos el propio Presidente del Consejo de Ministros.
Por ello será de vital importancia que se den los pasos adecuados para configurar la autoridad ambiental que se necesita; recogiendo las mejores experiencias internacionales y tomando en cuenta la opinión de los que en el país han venido trabajando esta problemática. Algunas pistas: es importante que la nueva autoridad ambiental esté dotada de la más alta jerarquía política, para que pueda asumir funciones de fiscalización, prevención de impactos y control de las actividades vinculadas a los distintos sectores productivos. Además, una propuesta de nueva autoridad ambiental, se deberá sustentar en los principios de transectorialidad, descentralización, prevención, participación ciudadana, transparencia, internalización de costos e innovación administrativa y de funcionamiento.
Un tema que también deberá ser abordado por la nueva autoridad es la adecuación de los límites máximos permisibles de la legislación peruana a los estándares internacionales de emisiones contaminantes para proteger de manera efectiva a las poblaciones y el ambiente en general. En general, los límites máximos permisibles fijados por las leyes peruanas están todavía muy lejos de los estándares internacionales y son demasiado permisivos. También están allí, como mudos testigos y sin resolver, los pasivos ambientales a lo largo y ancho del país y las denominadas zonas ambientalmente críticas.
Quizás uno de los mayores aportes del proceso que está por comenzar será precisamente informar y sensibilizar a la opinión pública y a nuestras autoridades sobre una problemática que ha comenzado a pasarnos factura. Debemos concordar que una política efectiva de defensa del medio ambiente es una necesidad de primer orden para el Perú y de ninguna manera es un lujo del primer mundo como algunos quieren presentar. Las inversiones que necesita el país no tienen por qué ahuyentarse con un marco legal ambiental riguroso; y las que se ahuyenten son las que no se necesitan, ni acá ni en ninguna parte del mundo.
Curiosa manera de tomar una decisión tan importante. En el tema ambiental, la agenda interna había puesto en debate la necesidad de reforzar el sistema nacional de gestión ambiental. Los informes regulares de la Defensoría del Pueblo nos recordaban que la principal fuente de conflictos sociales en el país proviene de temas ambientales. Igualmente, desde hace tiempo un puñado de organizaciones sociales y no gubernamentales, al lado de la persistente labor de la Defensoría del Pueblo, habían planteado la creación de una autoridad ambiental autónoma, a lo que se habían opuesto, con la misma persistencia, destacados miembros del Ejecutivo, entre ellos el propio Presidente del Consejo de Ministros.
Por ello será de vital importancia que se den los pasos adecuados para configurar la autoridad ambiental que se necesita; recogiendo las mejores experiencias internacionales y tomando en cuenta la opinión de los que en el país han venido trabajando esta problemática. Algunas pistas: es importante que la nueva autoridad ambiental esté dotada de la más alta jerarquía política, para que pueda asumir funciones de fiscalización, prevención de impactos y control de las actividades vinculadas a los distintos sectores productivos. Además, una propuesta de nueva autoridad ambiental, se deberá sustentar en los principios de transectorialidad, descentralización, prevención, participación ciudadana, transparencia, internalización de costos e innovación administrativa y de funcionamiento.
Un tema que también deberá ser abordado por la nueva autoridad es la adecuación de los límites máximos permisibles de la legislación peruana a los estándares internacionales de emisiones contaminantes para proteger de manera efectiva a las poblaciones y el ambiente en general. En general, los límites máximos permisibles fijados por las leyes peruanas están todavía muy lejos de los estándares internacionales y son demasiado permisivos. También están allí, como mudos testigos y sin resolver, los pasivos ambientales a lo largo y ancho del país y las denominadas zonas ambientalmente críticas.
Quizás uno de los mayores aportes del proceso que está por comenzar será precisamente informar y sensibilizar a la opinión pública y a nuestras autoridades sobre una problemática que ha comenzado a pasarnos factura. Debemos concordar que una política efectiva de defensa del medio ambiente es una necesidad de primer orden para el Perú y de ninguna manera es un lujo del primer mundo como algunos quieren presentar. Las inversiones que necesita el país no tienen por qué ahuyentarse con un marco legal ambiental riguroso; y las que se ahuyenten son las que no se necesitan, ni acá ni en ninguna parte del mundo.
La República, 25/12/2007
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