Según revela congresista Carrasco Távara
El congresista aprista José Carrasco Távara consideró que la propuesta del presidente Alan García, de crear un Ministerio del Medio Ambiente, es una respuesta a las comunidades campesinas y a aquellas entidades privadas que impiden con sus propuestas las inversiones mineras, al reclamar por la carencia de una autoridad autónoma que preserve la ecología.
El legislador, representante de Piura, recordó que las organizaciones no gubernamentales (ONG) son las que impulsan a las comunidades campesinas a rechazar las extracciones mineras, porque argumentan que no existía una autoridad imparcial que defienda el Medio Ambiente.
“Ellos piensan que no hay una neutralidad porque quien aprueba el proyecto y daba la concesión es el Ministerio de Energía y Minas”, agregó el legislador, quien mencionó además que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos obliga a que el Perú tenga una autoridad encargada de preservar los derechos y los beneficios que trae el medio ambiente.
En otro tema, y con respecto a las críticas ante la posibilidad de exportar el gas de Camisea a través del Consorcio Perú LNG, debido a que se corre el riesgo de dejar desabastecido de energía a nuestro país, el congresista opinó que el Gobierno bien podría revisar el contrato mediante el cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobara un préstamo al consorcio Perú LNG de 400 millones de dólares para un proyecto de gas natural licuado en Perú.
El congresista aprista José Carrasco Távara consideró que la propuesta del presidente Alan García, de crear un Ministerio del Medio Ambiente, es una respuesta a las comunidades campesinas y a aquellas entidades privadas que impiden con sus propuestas las inversiones mineras, al reclamar por la carencia de una autoridad autónoma que preserve la ecología.
El legislador, representante de Piura, recordó que las organizaciones no gubernamentales (ONG) son las que impulsan a las comunidades campesinas a rechazar las extracciones mineras, porque argumentan que no existía una autoridad imparcial que defienda el Medio Ambiente.
“Ellos piensan que no hay una neutralidad porque quien aprueba el proyecto y daba la concesión es el Ministerio de Energía y Minas”, agregó el legislador, quien mencionó además que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos obliga a que el Perú tenga una autoridad encargada de preservar los derechos y los beneficios que trae el medio ambiente.
En otro tema, y con respecto a las críticas ante la posibilidad de exportar el gas de Camisea a través del Consorcio Perú LNG, debido a que se corre el riesgo de dejar desabastecido de energía a nuestro país, el congresista opinó que el Gobierno bien podría revisar el contrato mediante el cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobara un préstamo al consorcio Perú LNG de 400 millones de dólares para un proyecto de gas natural licuado en Perú.
La Razón, 26/12/2006
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