La falta de confianza en el Estado por parte de las comunidades andinas y nativas es la causa fundamental de los conflictos socioambientales en el Perú. Una de las razones que explica dicha desconfianza sería la inadecuada gestión ambiental y la insuficiente capacidad del Estado para proteger a los demás pobres de la contaminación.
En el nivel regional la institucionalidad ambiental se encuentra muy debilitada. El Estado es percibido por esos pobladores como un conjunto de entidades, cuyas competencias ambientales se encuentran confusamente dispersas, y que no tienen capacidad para resolver los problemas de las zonas más alejadas del país. Por ésta y otras razones, la Defensoria del pueblo ha expresado desde el año 2005 la necesidad de reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental peruana. Los pobladores no saben a quien dirigirse; en realidad no tienen a quien dirigirse mientras no exista una verdadera autoridad ambiental también en las regiones.
Cuando los campesinos acuden a las instancias regionales y no reciben respuestas ni soluciones a los problemas ambientales y sociales sólo pueden sentir frustración, sumada a la presión que ejerce el ambiente en sus vidas mediante la escasez del agua, la disminución de la productividad agrícola, la muerte de sus animales, los problemas de salud, entre otras dificultades cotidianas que alimentan la sensación de que a ellos no se les respeta y no se les defiende. La descentralización de funciones ambientales no ha mejorado esta situación, por lo que el descontento de la población se acentúa y los conflictos socioambientales aumentan.
Sin una institucionalidad ambiental fuerte, una política ambiental, información sobre la calidad ambiental, estándares ambientales suficientes y adecuados, un sistema de evolución de impacto ambiental y procedimientos de participación ciudadana eficaces, resulta difícil construir la confianza de la ciudadanía en capacidad del Estado de prevenir la contaminación, limitación que seguirá fortaleciendo la percepción negativa del Estado por parte de la población.
Por ello, es fundamental que el nuevo ministerio y su institucionalidad sean pensados y diseñados teniendo en cuenta los problemas de las comunidades, sus necesidades y expectativas. La reforma de la gestión ambiental debe hacerse en beneficio también de ellas, por su particular condición de vulnerabilidad e indefensión.
Entonces, para afrontar el reto de la reforma resulta imprescindible preguntarse que esperaban las comunidades del nuevo ministerio y en qué medida aporta en la solución de sus problemas. La acción para la solución de los problemas locales exige un ente rector central que la impulse, liderando el proceso de descentralización y fortaleciendo las capacidades regionales y locales de la gestión ambiental.
En suma, se requiere una reforma que incorpore la problemática rural como uno de los aspectos prioritarios. Creemos que el éxito de la nueva institucionalidad ambiental depende en gran medida de su acción local, que deberá caracterizarse por su eficacia y por el respeto hacía el respeto hacia el poblador rural y su espacio vital.
Gestión, 25/01/2008
En el nivel regional la institucionalidad ambiental se encuentra muy debilitada. El Estado es percibido por esos pobladores como un conjunto de entidades, cuyas competencias ambientales se encuentran confusamente dispersas, y que no tienen capacidad para resolver los problemas de las zonas más alejadas del país. Por ésta y otras razones, la Defensoria del pueblo ha expresado desde el año 2005 la necesidad de reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental peruana. Los pobladores no saben a quien dirigirse; en realidad no tienen a quien dirigirse mientras no exista una verdadera autoridad ambiental también en las regiones.
Cuando los campesinos acuden a las instancias regionales y no reciben respuestas ni soluciones a los problemas ambientales y sociales sólo pueden sentir frustración, sumada a la presión que ejerce el ambiente en sus vidas mediante la escasez del agua, la disminución de la productividad agrícola, la muerte de sus animales, los problemas de salud, entre otras dificultades cotidianas que alimentan la sensación de que a ellos no se les respeta y no se les defiende. La descentralización de funciones ambientales no ha mejorado esta situación, por lo que el descontento de la población se acentúa y los conflictos socioambientales aumentan.
Sin una institucionalidad ambiental fuerte, una política ambiental, información sobre la calidad ambiental, estándares ambientales suficientes y adecuados, un sistema de evolución de impacto ambiental y procedimientos de participación ciudadana eficaces, resulta difícil construir la confianza de la ciudadanía en capacidad del Estado de prevenir la contaminación, limitación que seguirá fortaleciendo la percepción negativa del Estado por parte de la población.
Por ello, es fundamental que el nuevo ministerio y su institucionalidad sean pensados y diseñados teniendo en cuenta los problemas de las comunidades, sus necesidades y expectativas. La reforma de la gestión ambiental debe hacerse en beneficio también de ellas, por su particular condición de vulnerabilidad e indefensión.
Entonces, para afrontar el reto de la reforma resulta imprescindible preguntarse que esperaban las comunidades del nuevo ministerio y en qué medida aporta en la solución de sus problemas. La acción para la solución de los problemas locales exige un ente rector central que la impulse, liderando el proceso de descentralización y fortaleciendo las capacidades regionales y locales de la gestión ambiental.
En suma, se requiere una reforma que incorpore la problemática rural como uno de los aspectos prioritarios. Creemos que el éxito de la nueva institucionalidad ambiental depende en gran medida de su acción local, que deberá caracterizarse por su eficacia y por el respeto hacía el respeto hacia el poblador rural y su espacio vital.
Gestión, 25/01/2008
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