Una espesa telaraña de relaciones e intereses vincula al gobierno con las transnacionales que se apropian y enriquecen de nuestros recursos naturales. El tejido es tan denso que este parece un gobierno atrapado en las redes de la Sociedad Nacional de Minería. Si Alan García, en su campaña electoral, prometió colocar un impuesto a las sobreganancias mineras (que podría rendir 5,000 millones al año), traicionó lo ofrecido al comenzar su gobierno, renunciando a su compromiso y canjeándolo por un ridículo y minúsculo óbolo minero administrado por las mismas empresas. Si ofertó garantizar los derechos laborales de los mineros, sendas huelgas de los trabajadores le recuerdan que poner el tema de sus derechos ha costado ya varios muertos, como en Casapalca, y presos como en Marcona y Shougang.
Para colmo, ahora su primer ministro –y presunto heredero– Jorge del Castillo ejerce de abogado de las mineras ante juzgados extranjeros. Pretende interferir en el juicio abierto contra la transnacional norteamericana Doe Run (que maneja el complejo metalúrgico privatizado de La Oroya) en Missouri, EEUU, por la grave contaminación que afecta la salud de más de 96% de los niños de La Oroya que tienen altas dosis de plomo, cadmio y otros minerales en la sangre. Se opone al juicio reclamando soberanía nacional (que no recordó al apoyar el TLC con EEUU). Pero, ¿qué soberanía puede reclamar el premier de un gobierno que, al igual que el de Toledo, no puede siquiera hacer que Doe Run cumpla con el Plan Medioambiental (PAMA) y las inversiones comprometidas para este, cuando los precios de los minerales están en las nubes y sus ganancias son millonarias? ¿Alguien le puede creer al cachorrito de la Sociedad de Minería convertido en abogado de la Doe Run que no ha hecho nada y ahora habla porque hay un juicio abierto en EEUU? ¿No es copia del reclamo de la derecha chilena cuando detuvieron en Inglaterra a Pinochet por sus crímenes de lesa humanidad y gritaron al cielo que lo juzgarían en Chile, pero cuando retornó terminó muriéndose de viejo sin un día de cárcel y ninguna condena?
García dice que quiere formar un Ministerio del Medio Ambiente, pero pretende que este no regule uno de los principales problemas ambientales, como es el que generan las empresas mineras, petroleras o gasíferas con la contaminación, el uso de las aguas, la alteración de ecosistemas o el impacto en la salud de la población. ¿Queremos un ministerio castrado, eunuco, de adorno, sin autonomía ni poder real para satisfacer las demandas del TLC, por inoperante?
García quiso imponer por ley la explotación de varios denuncios mineros, pasando por encima de los PAMAs y los derechos de la población. Su iniciativa se atracó en el Congreso. Ahora apunta a retirar de las áreas de reservas naturales protegidas decenas de miles de hectáreas para facilitar la explotación minera a cual precio, incluyendo el de la preciosa Amazonía, sus pueblos originarios y sus enormes recursos genéticos. Y ha propuesto un proyecto de ley para facilitar las maniobras de las mineras y petroleras para hacerse de las tierras de las comunidades campesinas de la Sierra y las comunidades nativas de la Selva, permitiendo que vendan sus tierras con el voto de apenas la cuarta parte de sus afiliados, en asambleas fácilmente amañadas. Además, cual Ántero Flores Aráoz (flamante ministro de Defensa) que –refiriéndose a la demanda de un referéndum nacional sobre el TLC– dijo que no se puede consultar a llamas y alpacas sobre estos temas, García y Del Castillo desconocen la consulta ciudadana y municipal de los distritos piuranos donde se llevaría a cabo el proyecto minero de Majaz, que se pronunció en contra de una explotación que destruiría el ecosistema y el origen de las aguas de Piura y del norte de Cajamarca. Los cholos no tienen opinión ni derechos en el restituido Estado oligárquico alanista
¿A quién escucha García? Pues se reúne y asesora semanalmente por los directivos de Forza, la empresa de seguridad privada que sirve a las grandes transnacionales mineras del norte del país, como Vega Llona y Favre (a quienes nombra en altos puestos del Estado) y hasta la misma cabeza de Forza. Por ello, su gobierno garantiza impunidad a la persecución del padre Arana, los activistas ambientalistas y los ronderos de Cajamarca y Piura.
El generoso gobierno del alano-fuji-pepecismo permite a Repsol sobrevalorar el precio del petróleo que compra para refinarlo en el Perú y la compensa indebidamente con fondos públicos para "frenar" el alza de precios de los combustibles, mientras deja de lado un acuerdo con la petrolera estatal venezolana (PDVSA) que ofrecía vender petróleo más barato aun sin la intermediación de traders internacionales.
Alan García, uno de los mejores interpretes de "Yo soy el Rey", parece ser el Rey Midas de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo puesto que lo que toca lo convierte en oro, pero para las transnacionales y, a no dudarlo, sin ningún interés subalterno ni interés personal o de grupo, ¿no?
Para colmo, ahora su primer ministro –y presunto heredero– Jorge del Castillo ejerce de abogado de las mineras ante juzgados extranjeros. Pretende interferir en el juicio abierto contra la transnacional norteamericana Doe Run (que maneja el complejo metalúrgico privatizado de La Oroya) en Missouri, EEUU, por la grave contaminación que afecta la salud de más de 96% de los niños de La Oroya que tienen altas dosis de plomo, cadmio y otros minerales en la sangre. Se opone al juicio reclamando soberanía nacional (que no recordó al apoyar el TLC con EEUU). Pero, ¿qué soberanía puede reclamar el premier de un gobierno que, al igual que el de Toledo, no puede siquiera hacer que Doe Run cumpla con el Plan Medioambiental (PAMA) y las inversiones comprometidas para este, cuando los precios de los minerales están en las nubes y sus ganancias son millonarias? ¿Alguien le puede creer al cachorrito de la Sociedad de Minería convertido en abogado de la Doe Run que no ha hecho nada y ahora habla porque hay un juicio abierto en EEUU? ¿No es copia del reclamo de la derecha chilena cuando detuvieron en Inglaterra a Pinochet por sus crímenes de lesa humanidad y gritaron al cielo que lo juzgarían en Chile, pero cuando retornó terminó muriéndose de viejo sin un día de cárcel y ninguna condena?
García dice que quiere formar un Ministerio del Medio Ambiente, pero pretende que este no regule uno de los principales problemas ambientales, como es el que generan las empresas mineras, petroleras o gasíferas con la contaminación, el uso de las aguas, la alteración de ecosistemas o el impacto en la salud de la población. ¿Queremos un ministerio castrado, eunuco, de adorno, sin autonomía ni poder real para satisfacer las demandas del TLC, por inoperante?
García quiso imponer por ley la explotación de varios denuncios mineros, pasando por encima de los PAMAs y los derechos de la población. Su iniciativa se atracó en el Congreso. Ahora apunta a retirar de las áreas de reservas naturales protegidas decenas de miles de hectáreas para facilitar la explotación minera a cual precio, incluyendo el de la preciosa Amazonía, sus pueblos originarios y sus enormes recursos genéticos. Y ha propuesto un proyecto de ley para facilitar las maniobras de las mineras y petroleras para hacerse de las tierras de las comunidades campesinas de la Sierra y las comunidades nativas de la Selva, permitiendo que vendan sus tierras con el voto de apenas la cuarta parte de sus afiliados, en asambleas fácilmente amañadas. Además, cual Ántero Flores Aráoz (flamante ministro de Defensa) que –refiriéndose a la demanda de un referéndum nacional sobre el TLC– dijo que no se puede consultar a llamas y alpacas sobre estos temas, García y Del Castillo desconocen la consulta ciudadana y municipal de los distritos piuranos donde se llevaría a cabo el proyecto minero de Majaz, que se pronunció en contra de una explotación que destruiría el ecosistema y el origen de las aguas de Piura y del norte de Cajamarca. Los cholos no tienen opinión ni derechos en el restituido Estado oligárquico alanista
¿A quién escucha García? Pues se reúne y asesora semanalmente por los directivos de Forza, la empresa de seguridad privada que sirve a las grandes transnacionales mineras del norte del país, como Vega Llona y Favre (a quienes nombra en altos puestos del Estado) y hasta la misma cabeza de Forza. Por ello, su gobierno garantiza impunidad a la persecución del padre Arana, los activistas ambientalistas y los ronderos de Cajamarca y Piura.
El generoso gobierno del alano-fuji-pepecismo permite a Repsol sobrevalorar el precio del petróleo que compra para refinarlo en el Perú y la compensa indebidamente con fondos públicos para "frenar" el alza de precios de los combustibles, mientras deja de lado un acuerdo con la petrolera estatal venezolana (PDVSA) que ofrecía vender petróleo más barato aun sin la intermediación de traders internacionales.
Alan García, uno de los mejores interpretes de "Yo soy el Rey", parece ser el Rey Midas de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo puesto que lo que toca lo convierte en oro, pero para las transnacionales y, a no dudarlo, sin ningún interés subalterno ni interés personal o de grupo, ¿no?
La República, 14/01/2008
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